Los espacios se le reducen al presidente Jimmy Morales. Se derrumbaron las barreras artificiales, sobre todo las electrónicas y las de quienes pretendieron llevar el reclamo por la dignificación en el servicio público a una disputa entre izquierda y derecha. No es una confrontación ideológica, cuando lo único que se ha evidenciado con mayor preocupación es el atrincheramiento de quienes desde posiciones de poder intentan frenar el avance de la justicia.

La reciente presencia de kaibiles en los alrededores del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura, en las vísperas de los festejos por la independencia patria, fue definida de manera irrebatible por Claudia Armas, quien en un tuit sentenció que eso obedecía a que las fronteras del país se habían reducido, porque “la nación de Jimmy Morales es cada vez más pequeña”. Lo que a su vez explica cómo se han ido derrumbando los argumentos en contra de la Cicig e Iván Velásquez, hasta quedar ahora reducidos a la defensa de la Constitución.

Tampoco es cierto que el presidente y sus manipuladores puedan inspirar la confianza suficiente como para creer en esta nueva falacia, pues desde hace muchos meses él y varios de sus funcionarios buscan violentar la legalidad. Peor aún, son ellos los que ahora intentan desobedecer una resolución categórica de la CC, que les ordena a él y a las máximas autoridades mantener sus actuaciones en el marco de la ley, antes de tener que lamentar mayores desaciertos.

En buena medida la culpa de la escalada de esta crisis la tienen los dos magistrados en cuya su resolución inicial votaron de una manera y en la aclaración definitiva lo hicieron de otra, porque, o tenían razón ellos y su fallo previo era inconfundible, o dejaron un resquicio para que el Gobierno hiciera una interpretación antojadiza, lo cual es mucho más lamentable, pues la crisis escaló otro peldaño.

Sin embargo, como es más probable que ahí residiera la trampa, debieron entrar en escena otros protagonistas para poner las cosas en su lugar, porque lo que no quieren entender quienes instrumentalizan al mandatario para que aquí nada cambie, que es la parte oficial y sus allegados, es que están poniendo en riesgo la institucionalidad, por eso es que su último pretexto es presentarse como los supremos defensores de la Constitución.

Basta con desentrañar el origen de la redacción del documento de la primera resolución que presentó el magistrado Neftaly Aldana para entender cuáles son las verdaderas intenciones y convicciones detrás de quienes pretenden escudarse en el presidente para presentarse como los máximos defensores del marco constitucional, cuando es algo que les ha importado muy poco, pero es el último recurso que tienen en sus manos para aferrarse a un proyecto fallido y condenado al fracaso.

Para la mayoría de guatemaltecos y la comunidad internacional, sobre todo para aquellos diplomáticos que han colaborado estrechamente con Guatemala, la institucionalidad está por encima de cualquier capricho politiquero y no se debe permitir que argumentos falaces o el actuar de personas en conflicto con la justicia pretendan manipular los hechos con el único objetivo de procurarse impunidad.