Hace pocos días el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, dijo que no podía emitir opinión sobre la problemática nacional, por ser asuntos que deben resolver los guatemaltecos. Es una excusa débil, si se leen los textos de la Alianza para la Prosperidad o la carta de los congresistas y senadores que señalan el peligro de las recientes acciones del gobierno guatemalteco para socavar la batalla anticorrupción.

Tampoco se debe descartar que la postura del embajador obedezca a directrices de cierto sector político estadounidense, en cuyos miembros se nota una enorme brecha entre las acciones que más podrían convenirle a la primera potencia del mundo, como el combate del narcotráfico, que va de la mano con la corrupción y la impunidad.

El embajador puede también ser influido por las parcializadas versiones de la realidad guatemalteca que reciba por parte de ciertas autoridades ediles con las que se ha reunido a almorzar o a inaugurar actividades, pero que han sido parte de un oscuro manejo de los recursos públicos. La primera de ellas fue el ya fallecido alcalde Álvaro Arzú, el mismo día en que ese funcionario desacató una orden de juez, hecho que justificó porque ya tenía una cita previa, imposible de cancelar.

No obstante, uno de los innegables factores de este inusitado pulso es la carta enviada el pasado jueves por 23 senadores y congresistas estadounidenses al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual le reclaman coherencia sobre la postura de Washington relativa a los esfuerzos y respaldo económico para combatir la corrupción en Guatemala, que ahora enfrenta un inusitado ataque por parte de sectores gubernamentales.

Cabe recordar que la ofensiva preparada por el grupo que dirige desde las sombras y que el presidente Jimmy Morales encabeza contra la única entidad que ha sido capaz de combatir la corrupción en el país, y que alcanzó su tono más agrio cuando anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, prohibió el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, lo que los congresistas estadounidenses ven como un peligro para su propia seguridad.

En su momento, Pompeo habló de un replanteamiento de la Cicig, pero eso solo motivó a Morales a llevar su pleito a la Asamblea General de la ONU, donde lo personalizó y repitió argumentos falaces o que están bajo cuestionamiento del propio Ministerio Público.

Dio algunas pinceladas de supuestos logros, pero evadió detallar los enormes rezagos nacionales, con lo cual desperdició una nueva oportunidad de hablarle al mundo sobre temas de relevancia.

Sin duda la ambigüedad de Washington se interpretó como luz verde al presidente guatemalteco para emprender acciones desafiantes, como pretender convertirse en el intérprete de lo que dice la Constitución, con el indefendible fin de desobedecer las resoluciones del máximo tribunal constitucional del país.

Ciertamente, los guatemaltecos son quienes deben hacerse escuchar, pues su condición de ciudadanos no puede ni debe ser suplantada por ninguna injerencia externa o interna, mucho menos por quien se encuentra en el trayecto final de un mandato delegado por voluntad popular.