La segunda etapa de la Maccih, según un comunicado conjunto del país centroamericano y la OEA, se alcanzará a través de la “construcción de un sistema más fuerte, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras que ayude a seguir adelante con el fortalecimiento institucional”.
La Misión, la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro, se instaló en abril de 2016 con un convenio para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovarlo.
Mejorar “imagen deteriorada” versus consecuencias políticas
En opinión del analista hondureño, Raúl Pineda, el gobernante hondureño estaría renovando la vigencia del convenio de la Maccih por “la presión” de Estados Unidos y su afán por “mejorar (su) imagen deteriorada”.
Esa decisión tendrá “consecuencias políticas” para el gobernante puesto que sería el primer desacuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, dijo a Efe Pineda.
El encargado de Centroamérica en el Departamento de Estado, Hugo Rodríguez, aseguró el 4 de diciembre que Estados Unidos está “apretando todos los botones” para que Honduras renueve la misión creada por la OEA para luchar contra la corrupción.
El diplomático aseguró que para Washington la renovación de la Maccih es “importante” y dijo que, por ello, el Ejecutivo estadounidense está usando todos sus recursos.
Diputados traicionados
Los diputados del gobernante Partido Nacional, que tiene 61 escaños en el Parlamento, se sentirán “traicionados” por Hernández, añadió.
De prorrogarse la Misión de la OEA, el Parlamento comenzará a “desconfiar del liderazgo del presidente” y generará “malestar” entre los políticos, enfatizó Pineda, exdiputado del Partido Nacional.
“El presidente (de Honduras) va a surgir como héroe (con) una bandera de la transparencia a costa de lo que hizo el Congreso (Parlamento)”, que el 10 de diciembre solicitó a través de una comisión especial la no renovación de la Misión, añadió.
Corrupción sería “peor” sin la Maccih
El analista aseguró que la corrupción en Honduras “ha aumentado”, aunque reconoce que el país estaría “mucho peor sin la Maccih”.
Señaló además que “el gran problema” que afronta la Misión es que la legislación hondureña “limita” su actuar, así como el del Ministerio Público de Honduras.
Pineda se mostró optimista respecto a la renovación de la Maccih, pero cree que será “funcional” si el poder Judicial declara inconstitucional la última legislación del Parlamento, en la que se crearon “fueros especiales, privilegios e inmunidades que en nada abonan a la lucha contra la corrupción”.
Dijo que no descarta que el convenio del ente de la OEA, cuyo trabajo ha sido “modesto”, pueda sufrir modificaciones luego de su renovación a través de una carta de entendimiento o un protocolo que “restrinjan el trabajo” de la Misión.
Instó a la sociedad hondureña a involucrarse en la lucha contra este flagelo, pues una ciudadanía “apática y tolerante a la corrupción no pude esperar que de afuera le vengan a arreglar los problemas”.
Combatir corrupción de manera “efectiva”
El exdiputado hondureño Osman Aguilar dijo a periodistas que más del 70 por ciento de la población apoya el trabajo de la Maccih y que espera que el convenio de la Misión sea renovado de “manera íntegra”.
Instó a la comunidad internacional y al Gobierno de Honduras a “prestar colaboración” a la Maccih y al Ministerio Público para que combatir la corrupción de “forma efectiva”.
Enfatizó que la Misión debe colaborar con Honduras en el fortalecimiento de la institucionalidad para que en un futuro los hondureños pueden decir que “están listos para caminar solos para combatir la corrupción y la impunidad”.
La Coalición por la renovación de la Maccih solicitó ayer al Gobierno de Honduras y a la OEA renovar el ente, pero sin modificar el convenio de creación.
Señaló que cualquier cambio al convenio “se entiende como la no continuación de la Maccih” puesto que cualquier modificación tendría que ser aprobada por el Parlamento del país centroamericano.
La Coalición, integrada por al menos 18 organizaciones de sociedad civil, indicó que la petición del Parlamento hondureño de no renovar la Misión refleja que “se siente amenazado por las investigaciones realizadas a muchos de sus miembros más prominentes”.
