Aunque la organización ha logrado reunificar a muchos de ellos, Tayes asegura que hasta el momento aún hay casos pendientes de todas edades.
La Cancillería informó recientemente que 246 menores están pendientes de ser reunificados, aunque no tienen claridad de en qué país se encuentran los padres.
“Yo he apoyado las reunificaciones y son muchos papás, muchos niños que están solitos en Estados Unidos en un albergue o con familias sustitutas, en otros casos los menores cumplen 18 años y los pasan a cárcel de mayores”, precisó la abogada.
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La mayoría de las familias que no han recibido a sus hijos están “super afectadas”, indicó Tayes, quien precisó que muchos de los padres que fueron deportados afirman que tomaron la decisión de marcharse debido a que escucharon “una noticia” de que había oportunidad de quedarse en EE. UU., pero que jamás hubieran arriesgado a sus hijos de saber lo que iba a suceder.
Tayes considera que la separación de familias fue un acto ilegal y que, si bien los migrantes ingresaron de forma irregular a EE. UU., separar a los niños y luego tardarse tanto en reunificarlos no tiene ninguna justificación.
Justice in Motion junto con las organizaciones, Niños en Necesidad de Defensa, Asociación Americana para las Libertades Civiles y otra firma de abogados son parte de un comité que negocia con el gobierno de EE. UU. la agilización de las reunificaciones.
Ocho abogados en Guatemala, repartidos así, dos en Huehuetenango, dos en San Marcos, uno en Izabal y tres en la región metropolitana se han encargado de contactar a familias para entregarles a sus hijos.
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Tayes cuenta que dentro de los casos que ha conocido hay unos que son “muy fuertes” porque se trata de familias que se han ido huyendo de la violencia. La desesperación de las familias llega a tal grado que algunas, afirma, están dispuestas a ya no volver a ver a sus hijos por el riesgo que corren en Guatemala y señalan que “con tal que mis hijos estén mejor en Estados Unidos yo puedo quedarme aguantándome aquí”.
Denuncias
La abogada guatemalteca cuenta que dentro de los casos que llevó y que le han impresionado más es el de una niña de 4 años que fue separada de su familia desde finales del año pasado, incluso antes de que comenzara la política de tolerancia cero. Tuvieron que pasar nueve meses para que la menor volviera a ver a sus padres.
También la impresionó, añade, el caso de un padre e hijo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, que sufrieron cuando estuvieron en un centro de detención, no les permitieron bañarse durante varios días y solo les daban un tiempo de comida al día.
Este año se ha disparado la migración ilegal hacia EE. UU. después de un 2017 en el que las cifras se mantuvieron estables.
Las deportaciones, por ejemplo, cerraron al 30 de septiembre en 38 mil 256; 16 mil 55 más que en el mismo período del 2017.
Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza también muestran un aumento de las detenciones de menores de edad que han viajado solos a aquel país, así también como de familias.
De octubre 2017 al 31 de agosto de este año, esa dependencia del Gobierno estadounidense reporta el ingreso de 20 mil 701 menores de edad, cuatro mil 125 más que todo el año pasado, mientras que contabiliza 42 mil 757 familias, 18 mil 100 más que el 2018.
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