Es difícil no hablar de los 11,400 detenidos en prisión preventiva, en la mayoría de casos ilegalmente, con su presunción de inocencia intacta, penetrada por un sistema arcaico, ineficiente, doblemente afectado por la paranoia Cicig, que contamina, aunque lo nieguen, a una gran cantidad de jueces que no están dispuestos a arriesgar sus carreras contradiciendo las ordenanzas de los fiscales de esa Comisión por otorgar medidas sustitutivas, situación que ha convertido el Sistema Penitenciario Nacional en auténticos campos de concentración.

La entrevista en Prensa Libre del domingo pasado de Corinne Dedik, especialista en Sistema Penitenciario y Ejecución de Condenas y Privación de Libertad, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), enfatiza esta preocupación. En el 2017, afirma Dedik, de cada 10 casos penales que entraron al sistema de justicia, solo tres fueron resueltos.

Esto en alusión al “Flujograma de la Justicia Criminal” que el Cien llevó a cabo para evaluar al sistema penal en su conjunto. Una herramienta, sostienen, que les permitió realizar un análisis de las interacciones de cada una de las entidades que conforman el sistema de justicia y el proceso que debe seguir un caso para finalmente obtener una resultado concreto, resuelto o desestimado.

Los hallazgos fueron espantosos. El Cien calculó que el OJ tuvo una eficiencia en Juzgados de Primera Instancia Penal del 18% al acumular una mora judicial de 147 mil 429 casos ingresados a Órganos Jurisdiccionales Penales y 291 mil 927 casos ingresados en Juzgados de Paz.

Si agregamos a esta presa de casos no resueltos, el hecho de que la mayoría de entidades del sector justicia han recibido básicamente el mismo presupuesto durante los últimos siete años, pero “el MP ha visto un incremento significativo pues el 21.5% del presupuesto total destinado a Seguridad y Justicia en Guatemala fue asignado al MP.”

Es fácil inferir que Guatemala enfrenta un sistema de justicia al borde del colapso, especialmente el penal. Esto explica la enorme cantidad de recursos legales, incumplimiento de audiencias, recusaciones de jueces que al final confluyen hacia una de las más grandes violaciones de los derechos humanos, convirtiendo las cárceles en auténticos campos de concentración en condiciones de hacinamiento de hasta 7 a 1. Una aberración que tanto el Procurador de los Derechos humanos, como la propia Cicig, que en sus normativas tiene amplias capacidades y obligaciones de respetar los derechos humanos, no hacen absolutamente nada para remediarlas.

Esos 11 mil 500 guatemaltecos en prisión preventiva pagan por todo tipo de extorsiones: desde donde dormir, recibir comida, visitantes, agua, duchas, incluyendo que no los maten, un promedio —mínimo me dicen— de mil quetzales al mes. Esto equivale a casi 12 millones de quetzales. Los incentivos están a la vista.

De los analistas de pensamiento lineal no oímos nada de lo anterior. Son del tipo de los que se opusieron al juez Kavanaugh: Montoneros, sediciosos. Saben que son pocos los que están a favor de la corrupción acá, pero amplifican sus estribillos en contra de sus opositores sin aportar una sola coma a las soluciones sistémicas de fondo para el manejo del gasto público, el caldo de cultivo donde emanan todas las corruptelas. Ni hablar de Codeca como fuerza de choque, y sus sindicatos, en donde tienen colocados a sus alfiles y peones mamando de la teta publica con pactos colectivos leoninos, listos para sacarlos a las calles a su antojo.

El plan es crear un vacío constitucional, tomar las calles, bajarse al gobierno, tomar el poder. Y de paso destruir la economía porque es desde el caos donde la industria del conflicto produce su virus a todo vapor.

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