Uno de los mayores problemas de las democracias latinoamericanas es que sus burocracias se vuelven insostenibles, debido a un crecimiento desmesurado, clientelar o de poca calidad, lo que redunda en un perjuicio generalizado para las sociedades, que solo se convierten en espectadoras de modelos desfasados, onerosos e incapaces de generar desarrollo.

Guatemala está a las puertas de una nueva discusión sobre el proyecto de gastos para el 2019, el cual ascendería a 89,775 millones de quetzales, lo que de acuerdo con el presupuesto vigente, que es el del 2017 al no haberse aprobado el anterior, correspondiente al 2018, implicaría un aumento de 12,152 millones.

El primer dato que contrasta con la realidad nacional es que la mayor parte de los presupuestos de gastos se destinan al funcionamiento, con casi el 65 por ciento. Casi el 20 por ciento se destina a la inversión y el 15 por ciento restante está destinado a pagar la deuda pública, que crece cada año y también en generaciones endeudadas.

Es normal que los presupuestos crezcan en la medida en que se hace más efectiva la recaudación fiscal, pero cuando eso no ocurre, la única vía para esos crecimientos es un mayor endeudamiento, como sucede en Guatemala, donde no se perciben esfuerzos para hacer más efectiva la burocracia ni el gasto, como ha ocurrido en los dos últimos años, en los que incluso se ha paralizado la inversión en infraestructura.

Tampoco debería haber problema con el aumento en cada presupuesto anual, si el mismo fuera utilizado de manera responsable, pero basta con ver el dispendio en algunos organismos, como el Congreso, para comprobar la ligereza con la que se gasta el dinero de los contribuyentes. Solo con revisar los gastos de cajas chicas de algunos diputados basta para ver el uso irresponsable que se hace de esos recursos.

Los guatemaltecos sostienen con sus impuestos un modelo de gestión pública insostenible, con el que se cubren todas las necesidades de diputados, funcionarios y empleados menores. Caso aparte representan los pactos colectivos en Educación, Salud y en casi todas las instituciones en las que los sindicatos han impuesto su ley, con la complacencia de funcionarios necesitados de sus apoyos y por ello es que cada año esos rubros se hacen insostenibles.

Si la recaudación fiscal se mantiene como hasta ahora, apenas rozando los 60 mil millones de quetzales, el déficit alcanzará casi los 30 mil millones de quetzales, cuyo mayor porcentaje se cubrirá, inevitablemente, con un mayor endeudamiento, el cual crece año con año sin que el Estado sea capaz de producir más ingresos y, en consecuencia, solo aumenta el número de guatemaltecos endeudados.

No se puede seguir hipotecando el futuro de las próximas generaciones de manera irresponsable, aumentando una burocracia voraz, insensible e irresponsable como la de Guatemala, donde ni siquiera se sabe cuántos empleados trabajan el sector público, pues hasta eso se ha negado a hacer el actual gobierno, rehusándose a hacer el censo, que países donantes han ofrecido financiar, una muestra más del poco interés que existe en transparentar la gestión gubernamental.