Guatemala

Tribunal dice que proyecto en Lago de Amatitlán fue un acto de corrupción e impunidad

El Tribunal de Mayor Riesgo C sentenció que el caso Agua Mágica, en el que halló culpables a Roxana Baldetti y nueve personas más, fue un acto de corrupción e impunidad contra el Estado de Guatemala y los derechos humanos.

Irving Escobar

9 de octubre de 2018

08:41h

Implicados en el caso Agua Mágica conversan luego de la lectura de la sentencia. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La exdiputada y exvicepresidenta de la República recibió la condena más alta, 15 años y seis meses. En el caso hubo tres absoluciones, pero el Ministerio Público deberá continuar las investigaciones contra esas tres personas.

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Pablo Xitumul, presidente del Tribunal, hizo una extensa lectura de la sentencia desde las 3.15 horas, en la que expuso que, en vista de la prueba testimonial, pericial, material y documental, sí existió un “caso complejo de corrupción e impunidad de una estructura criminal para comisión de delito de cuello blanco bajo el liderazgo de Roxana Baldetti, en contubernio con su hermano Mario y la estrecha relación de Pablo González y Hugo Roitman”, a quienes consideró los cuatro principales responsables del caso.

Para el tribunal, lo hecho por esta estructura, “puso a la sociedad en un estado de indefensión” y deberá responder por sus conductas al margen de la ley.

Los ahora condenados “dilapidaron el erario mediante la adjudicación fraudulenta para la compra de un líquido desconocido para el supuesto mejoramiento de la calidad del agua y luego para una segunda adjudicación anómala, pero claramente amañada a favor de M. Tarcic Engineering desde sus inicios”.

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Xitumul expresó que los análisis presentados durante el juicio determinaron que la fórmula era agua con sal y sustancias corrosivas, dañinas para flora, fauna y el ambiente, sin estudio de impacto ambiental ni registros sanitarios, eludidos por los involucrados.

Así, la estructura “forzó la compra” de 23 mil litros de esa sustancia por Q22 millones 830 mil 30 y otro malintenciado proceso para su aplicación en ese cuerpo de agua, lo cual calificó de “absurdo” por el “exorbitante” monto de Q115 millones en eventos arreglados por la forma de compra por excepción a un único supuesto proveedor en el mundo para este tipo de servicios.

Los Q137 millones 8730 mil 30 del erario para este proyecto fue un acto “a todas luces grotesco, caro e innecesario para el pueblo” mediante procesos perversos de defraudación al Estado entre 2012 y diciembre de 2015.

Antes de su ingreso fue revisada en el sótano de la Torre de Tribunales.

Los custodios la llevaron hasta el nivel 13 pero fueron notificados que la audiencia sería en la mega sala, ubicada en la 20 calle y 9na. avenida zona 1, a una cuadra de la Torre de Tribunales.

Nueve agentes de seguridad custodiaron su traslado hacia el lugar del juicio donde el tribunal dictaría la sentencia.

Elementos de la PNC resguardan el ingreso a la mega sala del Organismo Judicial donde se llevaría a cabo la sentencia del caso Agua Mágica.

Adentro de la mega sala los señalados fueron ubicados frente al tribunal.

El tribunal presidido por el juez Pablo Xitumul escuchó la última palabra de dos de los señalados por la mañana y citó a las partes a las 7 de la noche para dictar la sentencia.

Los medios de comunicación y el público ingresaron a las 6 de la tarde a la mega sala del Organismo Judicial.

Las horas pasaban y el tribunal no hacía su ingreso.

Algunos de los sindicados optaron por dormir y tratar de descansar antes de la sentencia.

Familiares de los sindicados estuvieron presentes en la audiencia.

El cansancio era visible en los guardias del Sistema Penitenciario quienes se turnaron para dormir en altas horas de la noche.

Mientras el Tribunal de Mayor Riesgo C deliberaba los señalados permanecían dentro de la sala.

Después de 16 horas de deliberar el Tribunal de Mayor Riesgo C, integrado por los jueces Eva Recinos, Pablo Xitumul y Elvis Hernández (izquierda a derecha) ingresó a las 3:20 de la mañana.

Antes de dictar la sentencia el presidente del Tribunal, Juez Pablo Xitumul, rechazó tres incidentes de exclusión planteados por la defensa.

La lectura inició y el juez Xitumul dijo: "Por ser funcionarios públicos serán sancionados con pena correspondiente aumentada a una cuarta parte".

El hermano de la ex vicepresidenta Mario Alejandro Baldetti Elías fue sentenciado a 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, estuvo presente en la sentencia.

"Los acusados actuaron en asociación ilícita. Fueron actos grotescos, caros e innecesarios con el pretexto de defraudar al Estado de Guatemala", dijo el juez Xitumul. "La fórmula resultó ser agua con sal y cloro, dañino para la salud", añadió.

Después de 40 minutos de lectura de sentencia el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, explica que "el principal acusado es Hugo 'Uri' Roitman, quien después de recibir Q20 millones lo repartió a integrantes de la organización".

La ex vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldettí Elías, era conocida en la estructura como "la Jefa o la Mera Mera", indicó el tribunal.

El tribunal dictó la sentencia de 15 años con 6 meses para Roxana Baldetti por fraude y asociaciones ilícitas. Baldettí intentó salir de la sala para no dar declaraciones a medios de comunicación.

Roxana Baldettí tuvo que regresar a su lugar debido a que aún se leía la parte resolutoria.

Los medios de comunicación ingresaron a la sala para pedir declaraciones a Roxana Baldettí pero la ex vicemandataria no habló.

El juez citó a las partes para el 12 de octubre donde se conocerá la reparación digna.

A Roitman lo señaló de ser quien recibió Q20.7 millones y repartió a cuentas de algunos acusados y otros involucrado, lo que determinó el modus operandi de ese grupo, como pago a la elusión de responsabilidades en detrimento del gasto público con consecuencias nefastas al provenir de actos de corrupción e impunidad catalogados como crímenes graves contra los derechos humanos, dentro de una institución, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa), que fue cooptada por los acusados para ese fin.

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Luego de escuchar la condena, Juan Francisco, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, del Ministerio Público, destacó que el Tribunal valorara la existencia de redes políticas y económicas desde la dictadura y transición a la democracia guatemalteca que siguen vigentes.

Condenados

Roxana Baldetti: 15 años y seis meses por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Allan Franco de León: 11 años por asociación ilícita y fraude.
Uri Roitman: 11 años por asociación ilícita y fraude. Fue absuelto por cohecho activo. Debe ser investigado por lavado de dinero.
Sandra Nineth García: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y fraude.
Lizbeth Alonzo: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y fraude.
Juan Diego Díaz Sandoval: 12 años ocho meses por asociación ilícita, fraude. Fue absuelto por cohecho activo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.
Esvin Ramos: Tres años por incumplimiento de deberes y absuelto por fraude.
Mario Alejandro Baldetti Elías: 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Pablo González: 12 años con ocho meses por asociación, fraude. Absuelto por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.
Jorge Mario Cajas: 11 años por asociación ilícita y fraude.

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Absueltos

Sergio Alejandro Marroquín: Absuelto por cohecho activo. Se ordenó al MP que lo investigue por lavado de dinero.
Marilyn Anabella Sosa: Absuelta por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigada por lavado de dinero.
Rubén Torres: Absuelto por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.