La condena a más de 15 años de cárcel, impuesta la madrugada de ayer a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, es la primera contra una funcionaria que como pocas ejemplificó la corrupción, el descaro y la certeza de salirse con la suya. Aunque ahora vendrán las apelaciones contra dicha sentencia, este hecho envía el mensaje positivo de que se puede combatir la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia guatemalteco.

El caso es uno de los más bochornosos, el conocido como Lago de Amatitlán, en el cual la exvicepresidenta Baldetti promocionó una solución mágica para acabar con la contaminación en pocas semanas. Obviamente resultó ser un fiasco, pues los análisis determinaron que era una mezcla de diversos componentes, que incluso pudieron ser nocivos si tal pócima se hubiera aplicado.

Son muchos los casos por los que están encausados numerosos exfuncionarios del gobierno de los patriotistas, aglutinados en un remedo de organización política que quedó muy lejos de cualquier principio ideológico y de aplicación metódica o de fundamentos económicos para la conducción del Estado.

La sentencia contra varios implicados en este fraude constituye un mensaje esperanzador en el combate de la corrupción y abre la puerta a otras condenas contra quienes llegaron al gobierno con el objetivo de participar en el pillaje más grotesco y muchas veces criminal por el empleo irresponsable de dineros del Estado, aunque ello significara la muerte de muchos guatemaltecos.

Ahora queda más claro que con el gobierno del Partido Patriota la corrupción llegó a insospechados niveles de descaro, lo que permitió conocer el profundo alcance de lo que significa la cooptación del Estado y que además explica por qué tantos funcionarios de ese régimen están involucrados en más de una investigación por corrupción.

Por los recursos a su alcance, Baldetti seguramente recurrirá al fallo y transcurrirá un tiempo más para que se convierta en el primer castigo firme contra la corrupción. Los cargos describen el generalizado abuso de poder: asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude por casi 138 millones de quetzales, cuyos recursos pagados a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Limited terminaron en cuentas de exfuncionarios y de particulares, según investigaciones del MP y de la Cicig.

Desde cuando Baldetti recorrió el Lago de Amatitlán en marzo del 2015, solo ella y sus adláteres creyeron la farsa que habían montado para estafar a los guatemaltecos, pues de inmediato surgieron numerosas voces para refutar tal posibilidad e incluso un grupo de científicos se pronunció de manera enfática en rechazo de que se continuara adelante con un acto a todas luces fraudulento.

Ese espectáculo consolidó la percepción popular sobre el descaro y los beneficios perversos de Baldetti y un grupo de cómplices, entre ellos su hermano Mario. A la exvicemandataria le espera un largo tiempo bajo la sombra, pues enfrenta también cargos por defraudación fiscal en el caso La Línea; lavado de dinero en Cooptación del Estado y al final de estos procesos la espera una solicitud de extradición pedida por Estados Unidos para procesarla por asociación delictuosa y tráfico de drogas.