La condena a 15 años y seis meses de prisión decidida el lunes por el juez Pablo Xitumul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, contra Roxana Baldetti no se puede rechazar ni criticar. Es el resultado lógico de las consecuencias legales de delitos cometidos en el ejercicio del poder político, como producto directo del convencimiento de la impunidad. Al analizar el caso, desde el inicio se manifestó la segura comisión de un hecho fuera de la ley por su imposibilidad. Simplemente era ridículo pensar siquiera en la posibilidad de limpiar el charco antes conocido como lago de Amatitlán con una pócima. Era realmente un insulto a la inteligencia de cualquiera, no solo la idea en sí, sino la existencia de una empresa extranjera, en este caso dirigida por un israelí, capaz de hacer realidad un absurdo como ese.

Ahora, luego de muchos meses de toda clase de artilugios legales para atrasar el proceso, la sentencia puede ser calificada de muy poca o exagerada, según quien la comente y considere. El caso resulta importante porque, por primera vez en Guatemala, una persona ocupante de un cargo tan alto como la vicepresidencia de la República ha sido condenada por casos de corrupción y de abuso de poder. En el caso personal de Baldetti, la fuerte posibilidad de ser hallada culpable de las demás acusaciones, así como la extradición solicitada por Estados Unidos al final de las sentencias en Guatemala, de hecho la colocan en una cadena perpetua. Triste final para quien se hundió en la codicia a consecuencia de haberse convencido de la permanencia de la impunidad.

Quienes fueron funcionarios o participantes en acciones en directivas de entidades estatales tienen razón de estar asustados. Las nuevas bases del accionar de la justicia señalan los efectos de la responsabilidad, no solo de la culpabilidad de las acciones ilícitas. Lo ocurrido a la exvicepresidenta no sería motivo de sorpresa en cualquier democracia occidental europea, por ejemplo, pero en un país como Guatemala resulta un parteaguas, una diferencia entre un antes y un después. Indudablemente, la aplicación de la ley debe ser pareja, para de esa manera retirar la crítica basada en la selectividad. Para evitar esta percepción, los casos relacionados con diversos grupos sociales, políticos o económicos deben ser juzgados de manera general y sin excepciones.

La condena en cierta manera hace recuperar siquiera en algo la confianza popular en el sistema de justicia guatemalteco. Resistió el empleo de todas las trabas escondidas en los artículos legales, pero solo pudo atrasar una sentencia imposible de detener. Los conocedores del Derecho señalan a estos atrasos como un mal aceptable porque al final la justicia se tarda y llega. Pero los ciudadanos comunes y corrientes tienen la tendencia a considerarlos maniobras tendenciosas y malintencionadas a causa de su efecto de alargar el tiempo de los procesos. Por esa causa, me parece conveniente una explicación simple a los ciudadanos, a fin de hacerlos conocer el sistema legal del país.

A los jueces es conveniente aconsejarlos de acelerar en lo posible el tiempo de los procesos, buscando erradicar la natural impaciencia de todos: acusados, acusadores y público. El sistema debe castigar al retardo malicioso, causante de tantos casos abandonados por las víctimas, imposibilitadas de mantener el costo de las acciones legales, y hacer cambios a fin de impedir cualquier elemento legal causante de atrasos. Finalmente, la condena a Baldetti era lo esperado y lo merecido. Lo importante es el mensaje básico: la época del ejercicio del gobierno como fuente de pillaje ya terminó. Con algo se debe empezar y por ello señalar justicia selectiva porque no se realizan todos los juicios al mismo tiempo constituye en realidad una prueba de desconocimiento de la realidad nacional.