Tras varias semanas de incredulidad y hondo desagrado debidos a la censura mal inspirada con la que el Congreso de la República se permitió coartar la libertad de expresión y de locomoción, al impedir el ingreso al país de unos músicos procedentes de Suecia, de pronto emite el decreto 22-2018. El mismo pasado jueves 11 —que debía ser la actuación—, aunque esta vez sin pasar encima de la Constitución, los legisladores acordaron declarar al compositor Joaquín Orellana como “guatemalteco ilustre, con honor público que le tributará el Estado de Guatemala, por su aporte extraordinario al legado musical de Guatemala”. La disposición contempla una pensión por Q7 mil mensuales.

Igual, surgen dudas, a la luz de acontecimientos tan encontrados. Ya de muchos años anteriores habían comenzado las acciones para lograr reconocimientos materiales a favor de Orellana, pero no fue sino hasta el mes de mayo de este año que se encaminó la iniciativa de ley, encabezada por los artistas Julio Serrano, Julio Santos, Jonathan van der Henst y Christian Escobar, para quienes va un elogio sincero. Sus esfuerzos fructificaron, por fin, como ordenanza legal. Sin embargo queda una serie de dudas sin despejar. ¿Habrá influido en los diputados la noticia de la presentación de Sinfonía desde el Tercer Mundo a fines de septiembre? Es evidente que no llegaron al concierto ni tienen intimidad con las obras de Orellana como para emitir un dictamen con conocimiento de causa. De ser así, hace rato que ellos mismos tendrían que haber apoyado la labor del creador de Evocación profunda y traslaciones de una marimba, Sacratávica –las voces de Río Negro, La tumba del Gran Lengua, todas estas y muchas más creadas antes de que cumpliera 65 años, una edad razonable para compensar de por vida al compositor más relevante de este país. A menos de un mes de cumplir 88, Joaquín agradece la pensión, pero empujado por su característico ingenio bromea que ahora será “muertelicia”, no vitalicia. Así, ¿estará a tiempo y en monto justo este reconocimiento como para sufragar la continuada labor de Orellana, preservar su obra y difundirla extensamente por el mundo?

Uno de los 12 congresistas que votaron en contra del decreto incluso se permitió cuestionar el otorgamiento porque, según él, muchos querrían ahora que se les otorgue una pensión similar. Aparte que ni dicho congresista ni tantos otros ostentan una mínima parte de los méritos de Orellana, lo que semejante aseveración demuestra es la ignorancia supina de lo que significa la producción simbólica de una nación, no solamente como un supuesto, sino como una contribución notable al desenvolvimiento de la economía y la sociedad. La previsión social de una vejez digna, saludable y segura no es un privilegio de quien pueda pagar; es un derecho fundamental de toda persona. Con mayor razón es el caso de quienes, dotados de una capacidad creativa sobresaliente, han dedicado toda su vida a compartir una producción brillante con los demás, sin egoísmo y con el afán de darle motivo de trascender a la existencia humana. ¡Bien por la mayoría del Legislativo, que supo identificar una de las razones de ser de dicho organismo y sancionó positivamente esta ayuda y este merecimiento para el maestro!

En el aire quedan, pues, mezcladas, la felicidad y la incertidumbre en cuanto al porvenir de nuestro compositor emblema. Tal y como lo reitera el final de una canción, aptamente encabezada Sin Título, compuesta en 2015 por Vinicio Molina, y en cuya grabación nos tomamos la libertad de incluir la voz de Orellana, grave y solemne, “la duda sigue, la duda sigue, la duda sigue”.

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