Lo que tenga que decir hoy la fiscal general, María Consuelo Porras, sobre las recientes revocatorias de nombramientos de fiscales y renuncias forzadas en el Ministerio Público debe ser muy convincente para apaciguar las críticas sobre lo que algunos califican como un zarpazo a la independencia del órgano por excelencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Porras parece haber hecho las cosas al revés y en vez de haber forzado algunas renuncias debió anticipar acciones sobre lo que hasta ahora se trata de calificar como un correctivo a eventuales anomalías en los ascensos y designación de fiscales hechos por la anterior titular, Thelma Aldana. En vez de eso sometieron a una encerrona a quienes buscaban destituir o hacer renunciar.

Lo poco que se conoce es porque una de las fiscales renunciantes expresó por medio de las redes sociales que los habían tenido encerrados en la oficina de la fiscal general por varias horas hasta que algunos fiscales, bajo presión, aceptaron renunciar a sus ascensos y conservar su empleo anterior, y en casos más puntuales se obligó a la renuncia de otros fiscales.

Todo lo ocurrido debió ser comunicado de inmediato por las máximas autoridades del MP, porque rápidamente trascendieron datos que hicieron ver los movimientos como algo irregular y el hermetismo en torno a esas remociones acrecentó la percepción de que no era un procedimiento normal lo que ocurría.

El caso es muy relevante porque el MP es un importante bastión de la justicia y donde se puede incidir de manera decisiva en el combate de la impunidad, sobre todo en reducirle espacios a la criminalidad de cuello blanco, causante de los mayores casos de corrupción en la esfera pública y cuyos efectos repercuten en grandes sectores, en un país con los más altos indicadores de pobreza e inseguridad.

Pero quizá más importante es entender que el MP no debe ser una institución al servicio de intereses oscuros o sectarios, pues la lucha durante los últimos años ha consistido en rescatarlo de la nefasta influencia gubernamental, desde donde históricamente se ha buscado el sometimiento de las autoridades y por ello es que quienes tienen la potestad de nombrar al fiscal general han buscado poner en ese lugar a personas serviles.

Las últimas dos fiscales han actuado con bastante independencia, y es con el inicio de la gestión de Consuelo Porras que se acrecentó la incertidumbre sobre el real compromiso de esta en cuanto a la continuidad de actuar alejada de presiones. Sobre todo porque su nombramiento surgió en momentos críticos para quien tenía en sus manos esa designación y por eso desde el principio se han demandado acciones congruentes con la delicada coyuntura por la que atraviesa Guatemala.

Porras tiene hoy la oportunidad de desvirtuar los temores de que su llegada al MP podría beneficiar al pacto de corruptos o, por el contrario, brindar argumentos convincentes de que su actuar no solo estará apegado a lo que establece su mandato, sino que será capaz de sacudirse el flagelo que más daño ha causado en el país. No será fácil porque ella tiene muy claras sus responsabilidades, pero también sabe que la cooptación es latente a su alrededor.