Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos, como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.
Además, Camargo Liere, en complicidad con Lima Oliva, coordinaba el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido a cuatro personas.
La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario.
Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014. En total 11 personas enfrentan la justicia entre funcionarios públicos, reclusos y particulares. Se les persigue por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícito y lavado de dinero.
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