Rodas aseguró que lo que ellos pretenden regular ya está plasmado en el Código Penal, pero, si los diputados “quieren ponerle nombre y apellido a determinadas figuras que están como delitos en el Código Penal -lo que deben hacer- es legislar de manera directa y no general”.
Para el parlamentario, la política es sensación y percepción, y cuando se plantean iniciativas como estás “pareciera que los políticos se quieren autoproteger”.
“Pero la pregunta es proteger de qué. Si no quieren ser criticados que no se dediquen a la política; el que se dedica a la vida pública, a la administración pública, la política, pierde parte de su vida privada, pero eso es voluntario”, señaló Rodas.
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Por su parte, Mario Taracena, también exconstituyente y actual legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que una iniciativa de esta naturaleza solo puede ser presentada para llamar la atención y no prosperará.
“Esta ley es absurda y ridícula y no va a pasar. No hay que tomarla en cuenta, ni con seriedad. Es una tontería, totalmente; es cierto que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley, pero no se puede ser tan bruto, para decirlo con toda franqueza”, precisó Taracena.
Fernando Linares-Beltranena, otro exconstituyente y actual diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), consideró que hay que leer detenidamente la iniciativa pero, a simple vista, tiene errores, incluso de redacción.
“No dejemos de ver la impunidad que existe en Guatemala por la agresión que existe contra las figuras políticas. Hay que entender que no existe una Ley de Libre Emisión del Pensamiento adecuada, que evite la impunidad de violencia verbal y escrita”, afirmó el congresista.
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Linares-Beltranena señaló que está totalmente a favor de la crítica y nunca se opondrá, pero hay algunas que rayan en la difamación.
“Entiendo el malestar de estos cinco diputados, pero no estoy de acuerdo con la forma de esa iniciativa. Todos los seres humanos, inclusive políticos, tienen derecho a su dignidad y a que se les respete”, aseveró el diputado.
Bajo el escrutinio público
Juan José Porras, subjefe de la bancada Visión con Valores (Viva), opinó que “como funcionario público se está sujeto al escrutinio público”.
“Nuestro actuar está a la vista de la ciudadanía y creo que es sano para la democracia que cuando se hacen las cosas bien se diga y cuando se hagan mal también”, declaró Porras.
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El legislador añadió: “Independientemente de la intención que haya tenido la iniciativa, pareciera que puede afectar un precepto constitucional”.
Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza, consideró que los diputados y funcionarios públicos “tienen que tomar en cuenta la Libertad de Emisión del Pensamiento que existe en la normativa legal”.
“Debemos estar conscientes que desde el momento que asumimos la responsabilidad de involucrarnos en política y ser dignatarios de la nación, debemos aceptar que estamos sujetos a la crítica y fiscalización de la sociedad”, precisó Romero.
Romero agregó que los diputados deben tener la suficiente madurez para entender que si se es una figura pública se recibirán críticas.
Carlos Chavarría, subjefe de Compromiso Renovación y Orden (Creo), acotó que este tipo de iniciativas “no fomentan para nada la democracia de una país”.
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“Lo que hacen es fomentar el totalitarismo, el abuso; no podemos salir adelante queriendo coartar la Libre Emisión del Pensamiento y queriendo blindar a los funcionarios y quienes quieran ser electos”, declaró Chavarría.
El congresista hizo un llamado a la reflexión a sus colegas porque es evidente que “no se pueden aprobar este tipo de leyes en el Congreso”.
Polémica propuesta
El pasado marrtes cinco congresistas respaldaron una iniciativa de ley para crear los delitos de acoso y violencia política, que pretende criminalizar y castigar con cárcel a quienes critiquen a candidatos a cargos de elección popular o funcionarios.
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para que se adicionen los artículos 407 P y 407 Q, que crearían los nuevos delitos que ejercerían control hasta en las redes sociales. La intención de los legisladores podría violentar derechos constitucionales, como la Libertad de Expresión y la Emisión de Pensamiento, opinan juristas y expertos.
La propuesta fue planteada por la diputada Eva Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, junto a Dolores Beltrán, tercera vicepresidenta del Congreso, Estuardo Galdámez, primer secretario del Legislativo, Karla Martínez, segunda secretaria del Congreso y Delia Bac, también de Alianza Ciudadana.
Serviría también para evitar las campañas negras y que hay algunos medios y plataformas particularmente en la provincia que se encargan de “difundir malos mensajes y crear una oposición totalmente desnaturalizada en contra de cualquier político y persona que quiera incursionar en política”, dijo la diputada Monte al justificar su propuesta.
Descargo
Estuardo Galdámez, primer secretario del Congreso y ponente de la iniciativa, señaló que respeto la decisión de cada quién. “Cada cabeza es un mundo y cada quien es diferente”, aseguró.
“Estoy legislando a favor de las personas que vivimos en obediencia y respeto al estado de Derecho lo que implica respetar los derechos que están consagrados en el la Constitución Política para todos los guatemaltecos”, afirmó el congresista.
Indicó que “la libertad de expresión termina donde principia la de los demás y que no se puede ir a decirle a nadie “ladrón, corrupto, mañoso si no se tiene las pruebas para hacerlo”.
“Eso indigna, afecta la honorabilidad, la dignidad de una persona y daña el pudor de las personas”, aseguró Galdámez.
Afirmó que la iniciativa va encaminada para todas aquellas personas que participan en un proceso electoral que no gana y lo único que le queda de recuerdo de una campaña negra, difamaciones e injurias
“Eso no es justo para esa persona. Creo que deberíamos vivir en paz, pero con respeto entre nosotros mismos y en eso sí estoy de acuerdo”, acotó el parlamentario.
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