La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso presentó la semana pasada su dictamen al proyecto de ley de Presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado para el 2019. Este dictamen podría llamarse coloquialmente una chequera para satisfacer los deseos de corruptos y extorsionistas.

Mientras la legitimidad de la administración pública está por los suelos y somos testigos de la crisis de los migrantes como consecuencia de los problemas de desarrollo siempre desatendidos, la mayoría de los diputados de esta Comisión, que han firmado el dictamen —entre los que figuran Javier Hernández (FCN), Rudy Castañeda (UCN), Alejandra Carrillo (Independiente), Joel Martínez (FCN), Domingo Trejo (FCN)— han decidido que el bienestar de los guatemaltecos no es tema de su interés y que tampoco es suficiente utilizar el dinero de los contribuyentes para comprarse cafeteras finas, pagarse celulares de lujo y seguros de vida, tener vehículos último modelo y remodelar sus oficinas con recursos públicos. Ahora resulta que el presupuesto de 2019 debe posibilitarles la extorsión y la corrupción.

En el ámbito de la extorsión encontramos recortes presupuestarios a instituciones que batallan en contra la corrupción y la impunidad. El Ministerio Público sufre en la propuesta de la Comisión un recorte de Q588.4 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, es decir, una reducción de 57% en el aporte extraordinario y de 20% en el aporte institucional para esta entidad. Asimismo, al Organismo Judicial los diputados le disminuyen Q667.5 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo. Este recorte significa una reducción de 55% en el aporte extraordinario. A la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), le recortan Q341.3 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, en particular, reducen en tres cuartas partes el aporte extraordinario para esta casa de estudios, cuyos estudiantes han asumido el liderazgo político de plantar cara al pacto de corruptos que aglutina al presidente Morales y su Gabinete, congresistas, empresarios y militares. Los diputados desean que la reducción del presupuesto de estas entidades las obligue a regresar al Congreso, hecho que aprovecharán para negociar aportes extraordinarios a costa de silencio e impunidad. Por ejemplo, el diputado Manuel Conde (PAN) expresó en julio pasado que el anterior rector “dejó mucho que desear porque organizó marchas y pidió la renuncia del Congreso”. Callados nos vemos mejor.

La chequera para corrupción cuenta con rubros amplios y entidades de comprobada falta de probidad y transparencia. Los diputados incrementaron Q330.7 millones el presupuesto ya desmedido que había recomendado el Ejecutivo para el Ministerio de la Defensa Nacional, por lo que este gozará de un aumento de Q619.0 millones (29.7%) con respecto al presupuesto vigente en el 2018. Este es el paso previo a elecciones fraudulentas, como revelan las acciones en Honduras: más dinero para el ejército, más despotismo y violencia. También han incrementado Q260.2 millones al Ministerio de Desarrollo Social, pues se les ocurrió, sin planificación previa, que 2019 es un buen año para “hacer” plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, los Q6,584.4 destinados al Ministerio de Comunicaciones continúan siendo un camino llano para la corrupción.

Los diputados y el gobierno dicen hacerlo en representación del pueblo, pero ningún pueblo elige representantes para hacer fechorías. No permitamos que los corruptos usen nuestro dinero para sus infames antojos.

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