El documento, que se puede descargar en el sitio de www.cicig.org, tiene un apartado relacionado con el financiamiento electoral ilícito y el acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en enero convoca a Elecciones Generales.
“Atacar el financiamiento electoral ilícito es enfrentar directamente el origen de la corrupción y la cooptación del Estado de Guatemala”, se refiere el informe.
La Cicig capacitó al personal del ente electoral en los métodos y herramientas de investigación y elaboración de planes de investigación. También en investigación y análisis financiero y ciber-forense, así como el lavado de activos y la relación con el financiamiento electoral ilícito.
Se espera que, en 2019, durante el evento electoral, el TSE cuente con las condiciones necesarias para fiscalizar a los partidos políticos.
Hasta el cierre del informe aún se desconocía las recientes reformas que hicieron los diputados al Código Penal y al delito de financiamiento electoral ilícito.
Sin funcionarios y con un video
En la mesa central estaba la fiscal General, María Consuelo Porras, junto con la secretaria de la Cicig, Loreto Ferrer, Néster Vásquez Pimentel, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También Nery Lucero del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Claudia Figueroa Perdomo, secretaria general de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y Julio Carranza, coordinador adjunto del Sistema de las Naciones Unidas.
La ausencia del presidente Jimmy Morales Cabrera, -estuvo revisando el Palacio Nacional de la Cultura porque se acerca el 75 aniversario de la construcción-, el vicepresidente Jafeth Cabrera, así como Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El presidente Jimmy Morales, quien no participó en la presentación del informe de labores de la Cicig afirmó que revisará dicho material y hasta entonces emitirá comentarios al respecto.
Sobre la participación del comisionado, a través de videoconferencia, el mandatario reiteró que se continúa en conversaciones con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterrez, para concretar su reemplazo.
“Estamos platicando, como lo dijimos desde su momento, con el secretario Guterres, para poder hacer los trámites de cambio de comisionado para, poder darle continuidad a la transferencia de capacidades”, indicó Morales.
Mientras se efectuaba la presentación de la Cicig, el mandatario y sus ministros hicieron un recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura, que cumple 75 años de construcción este sábado. Los funcionarios observaron los trabajos de restauración en el edificio.
Morales también se reunió con el senador estadounidense por el estado de Utah, MikeLee, reunón a la que también asistió el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga.
Un video de 14 minutos fue reproducido durante la presentación del informe. Velásquez grabó un mensaje en Nueva York, Estados Unidos, a manera de rendición de cuentas. El abogado colombiano tiene impedimento de retornar al país por disposición del presidente Morales desde el 3 de septiembre pasado. “Quiero expresar, en primer lugar, mi gratitud personal y también la de todos los compañeros de la Comisión”, fueron las primeras palabras de Velásquez.
“Son en realidad tiempos difíciles, pero hay un futuro promisorio en el horizonte y estoy seguro que el pueblo guatemalteco sabrá superar la adversidad y continuará su lucha, aún más fortalecido, por la construcción de un Estado de derecho verdaderamente democrático”, dijo Velásquez.
Al final del video los invitados aplaudieron y estuvieron de pie.
“Hay mucho por hacer”
Porras agradeció el trabajo de Velásquez y recalcó que “hay mucho por hacer, no obstante estamos avanzando”.
La funcionaria agregó: “Sobre todo se ha establecido una eficaz relación de cooperación técnica en lo referente a la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Mi compromiso de luchar de manera frontal contra la corrupción e impunidad, ya que es imprescindible erradicar éstos problemas que tanto daño le han hecho a nuestra amada patria Guatemala”, afirmó.
La jefa del MP hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad: “Para que juntos afrontemos los desafíos y retos que tenemos como país, con una fuerte determinación, ahínco, responsabilidad y sobre todo identificación de nación como guatemaltecos, ya que tenemos la valiosa oportunidad de ser posible un mejor presente para Guatemala, y además, tenemos la oportunidad de trazar el futuro de las nuevas generaciones de nuestro país; dejando nuestra huella en la historia nacional a través de nuestro actuar, nuestro compromiso con el bien común”.
El informe
La Cicig destaca dos premisas: La libertad de elegir y ser electos en igualdad de condiciones se pone en riesgo desde que la competencia electoral se vuelve asimétrica cuando determinadas opciones políticas recaudan cantidades desproporcionadas de fondos realizando campañas millonarias y la distorsión del sistema trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues muchas veces condiciona la voluntad de los gobernantes.
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El ente de la ONU recalcó los casos presentados que acreditan a las organizaciones Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Líder) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) “diseñaron esquemas para evadir los controles del TSE e inyectar de manera ilícita y anónima fondos para sus respectivas campañas políticas en el 2015”.
Acompañamiento al MP y los casos
El primer capítulo del informe es acerca de la asesoría técnica y acompañamiento al Ministerio Público(MP). Puntualiza la identificación, investigación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (Cias).
En el informe de labores del 2017 la Cicig junto con el MP presentaron nueve casos ante los tribunales. En 2018 fueron 16 casos nuevos:
- Caja de Pandora
- Corrupción en municipalidades y Huehuetenango y Totonicapán
- Traficantes de Influencias
- Odebrecht I
- Comisiones Paralelas
- Manipulación de Justicia
- Transurbano I
- Mario Israel Rivera Cabrera
- Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase II)
- Negocios de la Industria Militar
- Registro de Información Catastral, Caja de Pagos
- Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase III)
- Seguridad y Transporte
- Construcción y Corrupción (Fase II)
- Corrupción Quetzaltenango
- Seguridad y Transporte
- IGSS Ambulancias (Fase II)
Antejuicios y sentencias
En cuanto a los antejuicios la Cicig planteó 11 casos de los cuales dos fueron declarados con lugar, cinco rechazados y cuatro están pendiente de resolución.
En 2017:
- Gerónimo Martínez Gómez, alcalde de la Municipalidad de Huehuetenango, declarado con lugar.
- Álvaro Arzú -falleció en abril pasado- alcalde de la Municipalidad de Guatemala, fue rechazado.
- Mynor Moto Morataya, titular del Juzgado Tercero Penal, no fue admitido.
En 2018:
- Felipe Alejos, diputado de Todos, en discusión en la CSJ.
- Adrián Rodríguez, fue titular del Juzgado Séptimo Penal, con lugar.
- Marwin Eduardo Herrera Solares, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
- Carlos Rodimiro Lucero Paz, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
- Ana Leticia Peña Ayala, jueza, en trámite.
- Nineth Montenegro, diputada, en trámite.
- Jimmy Morales, presidente, archivado por el Congreso.
- Óscar Armando Escribá Morales, diputado, en trámite.
En 14 de los casos se llegó a sentencia después de un proceso y el desarrollo de los debates. Hay más de cien las sentencias obtenidas, se lee en el informe. Existen cuatro casos que siguen en juicio, entre ellos el que involucra a Samuel Everardo Morales Cabrera y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, enjuiciados por el caso Botín en el Registro de la Propiedad.
“Durante 2018 las peticiones de revisión de medidas se incrementaron en un 130%”, se refiere el informe.
En la actualidad hay 680 personas procesadas, de las cuales el 40% está en prisión preventiva y el 60% goza de medidas sustitutitvas.
La Cicig espera iniciar los debates en los casos Génesis, Municipalidad de Chinautla: Un negocio de familia; Cleopatra, Secuestro de Retalhuleu y Lavado y Política. Se prevé que comenzarán en enero de 2019.
Millones en reparación digna
Uno de los aspectos es el reconocimiento y sanción de la responsabilidad penal por los delitos. En ese sentido, las reparaciones en los casos Odebrecht, Construcción y Corrupción, Financiamiento Electoral Ilícito y Lago de Amatitlán suman más de Q70 millones.
Preocupación
Existe una brecha de implementación en la Ley de la Carrera Judicial, advierte la Cicig. “Existe una tendencia a interpretar y aplicar las normas obviando los principios fundamentales, tales como la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales”, dice el informe.
Hace falta la emisión del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial. Esto genera “lagunas normativas y da lugar a actos discrecionales y a impugnaciones por falta de base legal adecuada”.
La Cicig especifica que “es esencial” la correcta implementación de la Ley de la Carrera Judicial. Con esto se asegura la independencia judicial.
Fortalecimiento al estado de Derecho
La Cicig mantiene el trabajo de el fortalecimiento de capacidades entre sus funcionarios y los delegados de las insituciones del país especializadas, como el MP.
En relación con el trabajo para legislar contra la impunidad, la Cicig destaca el acompañamiento para las reformar al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos y prisión preventiva.
La cultura de la legalidad junto con los ministerios de Educación y Gobernación y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se centró en el rediseño del material educativo.
En el apartado de corrupción administrativa la Cicig especificó el caso contra el exlegislador Mario Israel Rivera Cabrera, que recibió Q12.4 millones entre 2004 y 2015 de contratistas del Estado. El dinero fue utilizado para la compra de vehículos, construcción de casas y pago de préstamos.
La nueva fiscal General
El último detalle del informe de la Cicig es acerca del “cambio de liderazgo en el MP”. El informe destacó la labor de los integrantes de la Comision de Postulación que durante 20 sesiones públicas enviaron la nómina de candidatos al presidente Morales, quien designó en el cargo a María Consuelo Porras.
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