“Derivado a las reformas del delito de financiamiento electoral ilícito, se realizó el análisis del expediente. Bajo esta perspectiva, ya con la entrada en vigencia de la reforma y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se refiere a ese mismo delito, el Ministerio Público realizó un planteamiento en base a lo que jurídicamente se estableció que era lo que procedía”, aseguró el fiscal.
“Siempre hemos sido respetuosos de la Ley y seguiremos trabajando, ahora en base a las reformas vigentes”, dijo.
Al criterio de solicitud se agrega que el MP pidió que los sindicados hagan una reparación al Estado.
El empresario Rodrigo Arenas aseguró que “se está haciendo justicia poco a poco y es una prueba tangible que no habían pruebas de que nosotros habíamos cometido un delito y es el resultado de seis meses de investigación”.
Cuestionado sobre si las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito pudieron beneficiarlo, dijo que la fiscalía les ofreció el criterio de oportunidad en junio. “Entiendo que en cualquier caso, de la única forma en la que nos beneficia es en la pena”, comentó.
Finalmente reiteró que Paulina Paiz, colaboradora eficaz del Ministerio Público, mintió en su declaración en por lo menos 24 ocasiones, aunque ignora los motivos.
El caso
Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente haber aportado a la campaña electoral del partido FCN-Nación de 2015. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito.
La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de empresarios, más de Q8 millonesde forma anónima.
Las reformas al Código Penal
El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo.
Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.
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