El presupuesto nacional para el 2019 aprobado en tercera lectura en el Congreso está diseñado para servir de piñata en el año electoral y de castigo al sector justicia y a las instituciones que han cuestionado el saqueo de los recursos del Estado. Solo de esa forma se puede entender la distribución arbitraria de recursos a manos llenas para los ministerios de Desarrollo Social, de Defensa y Comunicaciones, mientras el Organismo Judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, entre otros, resienten el recorte de fondos que afectará sus labores el próximo año. A eso se agrega la forma discrecional con que los diputados deciden aumentar el presupuesto del Legislativo de Q767.9 millones a Q792 millones, con el cual buscan cumplir con los ofrecimientos que hizo Álvaro Arzú Escobar para alcanzar los votos para ser reelecto como presidente de ese organismo.

Veamos el caso del Ministerio de Desarrollo Social. En el 2017 apenas ejecutó el 51 por ciento de su presupuesto. El Sistema de Contabilidad Integrada señalaba que a julio de este año el Mides solo había gastado el 18.20 por ciento de sus fondos en bolsas de alimentos y el 41.9 por ciento en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas para apoyar a familias de escasos recursos. El problema es que este ministerio trabaja por impulsos, carece de planificación y no tiene definidos en forma clara a los beneficiarios ni las fechas en que deberían recibir el apoyo estatal. Claro ahora se viene el año electoral y esta cartera jugará un papel de primer orden para la utilización de recursos con fines proselitistas. Es así como el Mides tendrá un aumento de Q260 millones, con lo que pasará de Q1 mil 88.8 millones a 1 mil 349 millones. Es el premio a la ineficiencia, pero en año electoral se volverá muy efectivo con las bolsas de alimentos y dinero para atraer votos.

En el mismo camino del despilfarro va el Ministerio de Comunicaciones que tendrá un incremento de Q1 mil 664 millones, un 34 por ciento más de su asignación en el 2018, con lo que pasará a contar con Q6 mil 584.4 millones. Ese aumento lo recibirá pese a que a septiembre de este año apenas había ejecutado el 40.20 por ciento. ¿Si presenta baja ejecución, entonces por qué el alza del presupuesto? Muy sencillo, se aproxima el año electoral y se requerirán fondos para obras destinadas a captar votos. Otro tanto ocurre con el Ministerio de la Defensa, que pasará de su actual presupuesto de Q2 mil 371.9 millones a Q2 mil 702.6 millones, un aumento de Q330.7 millones. Esa alza tendría su razón de ser en los vínculos del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) con el Ejército. El fundador de ese partido fue el coronel Édgar Ovalle, ahora prófugo de la justicia, y el presidente Jimmy Morales nunca ha ocultado su afinidad con el instituto castrense, al grado que entre sus principales asesores se cuentan varios militares. No importa que esa institución sea de las más opacas en rendición de cuentas, lo importante será administrar buena parte de sus recursos con fines proselitistas.

Los diputados también están utilizando el presupuesto del próximo año para asfixiar a otras instituciones. Al Organismo Judicial le recortaron Q667.5 millones respecto del presupuesto recomendado por el Ejecutivo, en tanto que al Ministerio Público le quitaron Q588.4 millones. En el caso de la Universidad de San Carlos, la reducción sería de Q344.2 millones y para el Procurador de los Derechos Humanos, de Q20 millones. No existe lógica ni razones técnicas para entender los criterios utilizados, más que el carácter discrecional de meter mano a los fondos como castigo para unas instituciones y como beneficio en el próximo proceso electoral para los grupos políticos que medran de los recursos del Estado. Eso se llama corrupción.

@hshetemul