Lo que alguna vez fue visto como una iniciativa novedosa para proteger los recursos naturales y arqueológicos se está transformando en una amenaza porque extensas zonas selváticas están siendo utilizadas por el narcotráfico y por los depredadores de la fauna y los recursos madereros, lo cual enciende las alarmas en Centroamérica, una región en la que el concepto de área protegida echó raíces.

El mundo científico y los países generadores de mayor contaminación llegaron a imponer esquemas de máxima protección, pero ahora afloran denuncias sobre los riesgos en países que no cuentan con políticas adecuadas ni los recursos suficientes para vigilar esos espacios, lo que es aprovechado por las mafias trasnacionales, como el narcotráfico, para obtener una perversa rentabilidad.

En Guatemala, aunque la idea también llegó a popularizarse, su aplicación ha sido demasiado elástica, pues aun en zonas protegidas se irrespeta el concepto y ni siquiera las autoridades han sido capaces de detener las invasiones, mucho menos controlar las operaciones criminales de los grandes carteles de la droga.

Incluso en los países del norte de Centroamérica se ha denunciado con demasiada frecuencia la tenencia de la tierra en zonas fronterizas, porque existen muchas propiedades privadas en las que se podría trasegar drogas con relativa facilidad, algo que compromete la seguridad interna y es conocido por las autoridades.

Los planes de manejo sobre estas áreas son prácticamente nulos y por eso es que incluso extensas regiones están en el abandono, porque también existe un silencio cómplice por parte de autoridades locales y centrales, pues solo en el caso de Petén es donde más se han localizado pistas clandestinas y se cuentan por miles los indocumentados que pasan por ese departamento en su lucha por encontrar un modelo de vida diferente en Estados Unidos.

Aunque no se puede generalizar, la historia reciente del país enseña que grandes extensiones privadas de tierra cercanas a las zonas fronterizas quedaron en manos de poderosos narcotraficantes, varios de ellos procesados en Estados Unidos por tráfico de drogas y en algunos casos incluso intervinieron fuerzas armadas externas para efectuar los operativos.

Lo que debió ser un concepto de meritorio esfuerzo para la protección de santuarios naturales degeneró en un profundo abandono de esas áreas, porque nunca se ha tenido la intención ni la capacidad para gestionar espacios de desarrollo comunitario con el responsable uso de los recursos naturales.

Las mismas condiciones socioeconómicas de estos países facilitan la inclinación al pillaje, pues resulta mucho más rentable aliarse con quienes mueven millonarias cifras en transacciones ilegales, que lo que podría producir la atención de una zona protegida.

Sin embargo, la conservación y protección de zonas privilegiadas de la naturaleza requiere algo más que voluntad, porque representan un enorme reto en el ámbito ecológico, pero también podría ser una fuente de recursos sustentables.