Los recientes Encuentro Empresarial Iberoamericano y Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado celebrados en  Antigua Guatemala pusieron en evidencia su vocación habitacional, cultural y turística, acuñada durante congresos internacionales de conservación y desarrollo de los años 80. Para los antigüeños no es novedoso recibir gente de todas partes del mundo todos los días, con quienes se interactúa como parte del paisaje cotidiano.

Poco se han hecho para que esa vocación florezca. El Estado, al tiempo que explota su imagen como tarjeta de presentación, limita sus recursos hasta la vergüenza, permitiendo su abandono. A ese deterioro se suma la explotación comercial de la que es objeto, que incluye la expulsión del vecino de sus casas y el desuso del suelo para actividades muchas veces indignas para la ciudad y calidad de vida de sus habitantes.

Esas reuniones internacionales fueron programadas con antelación. Pero las autoridades locales, al parecer, estuvieron al margen de la decisión de usar la ciudad como punto de encuentro, pues no fue sino 36 horas antes de su inicio que la municipalidad emitió un comunicado, conminando a los comerciantes abastecerse de lo necesario, ya que no se permitiría el ingreso de mercadería durante los tres días siguientes. También se indicó a los residentes del casco fundacional que no podrían ingresar a menos que tramitara una absurda identificación, advirtiendo la prohibición de estacionar sus vehículos en la calle. Para el resto, las vías de ingreso serían periféricas, para lo que tampoco se previó el apoyo logístico de autoridad alguna, sino hasta que el caos empezó a imponerse ante la improvisación.

La seguridad de los jefes de Estado es algo que debe ser cuidado. La autoridad competente ¿tendrá idea de cómo hacerlo sin violentar la armonía de una ciudad, icono de nuestra cultura, con la vocación anotada y por todos conocida? La duda surge porque los aparatos de seguridad del Estado, desconociendo la ciudad y menospreciando las necesidades de sus habitantes ajenos al ir y venir de los temporales huéspedes, se impusieron cual si estuviéramos en guerra. La marginación a las autoridades locales puso en evidencia su aparente inexistencia y falta de preparación para el manejo de una ciudad histórica que requiere de una sensata y lógica gobernabilidad.

Los habitantes y usuarios transformados en peatones forzosos, disfrutaron de la ausencia de tránsito vehicular, pero la presencia de soldados equipados con armas de combate fue intimidante. Más peligrosos resultaron algunos agentes de cuerpos de seguridad vestidos de civil, abusivos y prepotentes, cuya actitud fue contrastante con la pasividad que el fastuoso paisaje urbano y arquitectónico de Antigua Guatemala luce cuando no está invadida por los automóviles.

La experiencia dejó como lección la necesidad que las autoridades locales ejerzan su competencia. Que la Municipalidad y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala, en coordinación con Gobernación Departamental hagan su labor y acuerden con las autoridades de seguridad del Estado, planes de acción; pero que no desaparezcan del escenario, dejando que aquellas vengan a hacer lo que les parezca, pues para eso cada cuatro años los ciudadanos elegimos autoridades locales.

Eso lleva al principio de todo, propuesto desde 1972: la urgencia de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial. Este debe incluir qué hacer en caso de emergencia o, como en el caso abordado, cómo manejar la ciudad en su vocación habitacional, cultural y turística, evitando abusos y mala imagen.

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