El pasado jueves 29 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción: Un camino hacia la dignidad”.

El documento recoge los principales hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del 2017 en ese hogar, mal llamado “seguro”, en donde fallecieron 41 niñas y 15 más quedaron gravemente afectadas. Las niñas sobrevivientes siguen padeciendo, aún hoy, las secuelas físicas y sicológicas de aquel fatídico día en el que fueron encerradas en una habitación, de la que no les dejaron salir a pesar de que se desató un incendio.

La lectura de las 60 páginas que tiene el informe me dejó un sentimiento de terrible tristeza e indignación, también de impotencia. No solamente por lo ocurrido, sino también porque aquello pudo evitarse. Hubo 21 denuncias ante el Ministerio Público en el 2016 sobre violencia y maltrato físico en ese hogar en el que se encontraban bajo “resguardo” del Estado. Seis de esas denuncias fueron presentadas por niñas que murieron en el incendio del 8 de marzo. Ninguna de estas “alertas” fue atendida.

Incluso, el 12 de diciembre del 2016, un tribunal nacional emitió una sentencia en la que condenó al Estado por la inobservancia en la “aplicación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia que han estado o permanecen en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA)” y ordenó su reingeniería. Tres meses después, 41 niñas murieron quemadas.

Lo que subyace a todo esto no es solamente la incapacidad e indolencia de los funcionarios a cargo de la institucionalidad pública de cuidado y protección de la niñez, sino una sociedad que estigmatiza cruelmente a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, de violencia y abandono. Aún hoy, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se replican comentarios con un nivel de brutalidad inaudita, en el que se les criminaliza: “mareras”, “delincuentes”, “escoria de la sociedad”.

La institucionalización es la alternativa recurrente y la que se aplica en la mayoría de casos. “Refundirlos” en albergues, no con la intención de protegerles y atender sus necesidades, sino de esconderlos, como quien “mete basura bajo una alfombra”, como explica un reconocido penalista. Esa es y ha sido la lógica del sistema de discriminación, violencia y exclusión en el que vivimos. Por eso vienen muy bien las palabras de Liliana Valiña, representante de Oacnudh en Guatemala, quien nos recuerda que no existen niñas o niños “desechables”.

El día de la presentación del informe, un grupo de madres, padres y familiares de las niñas víctimas del HSVA hizo pública una carta para “ser la voz de las niñas fallecidas y sobrevivientes”.

Además de exigir verdad y justicia, demandaron respuestas a estas preguntas: ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no se resguardó la integridad de la niñez si se sabía que las niñas sufrían y no tenían una atención debida? ¿Por qué se negaba el derecho a visitas a algunas niñas? ¿Por qué encerraron a todas las niñas en un solo lugar? ¿Por qué no llevaron a las niñas a otro lugar antes del incendio? ¿De quién son las huellas en las llaves? ¿Por qué no abrieron la puerta? ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué las quemaron?

Por las niñas que ya no están, por las que luchan por recuperarse, por la dignidad de nuestros niños y niñas y porque nunca más hechos como estos vuelvan a repetirse, exigimos estas respuestas.

¡Justicia para las 56 víctimas del incendio del Hogar Virgen de la Asunción!

@MarielosMonzon