La pregunta es conocida por el título del libro (1965) y la película de 1966 sobre la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Hacia finales de 1944, el General Dietrich von Choltitz recibe órdenes de Hitler de prenderle fuego a París ante la inminente liberación de esa ciudad por parte de los ejércitos aliados. El general alemán ignora la orden del Fuhrer.

París arde ha sido el titular de numerosas noticias en las pasadas tres semanas, por las violentas manifestaciones que se desataron en la ciudad luz y diversas regiones del país galo, apodado como el movimiento de los gilets jaunes —chalecos amarillos—. Quizá representativo del dirigismo francés, todo vehículo debe contar con un triángulo anaranjado y un chaleco amarillo y los manifestantes se han puesto estos chalecos para identificarse. Lo que desató la ira popular fue el anuncio del gobierno de aumentar los impuestos al consumo de gasolina y diésel, por encima del aumento de 15% hecho el año anterior, con el pretexto de combatir el calentamiento global. Centenas de miles de gilets jaunes se lanzaron con furia al vandalismo y destrozo, a incendiar vehículos, bloquear carreteras y chocar con las fuerzas de seguridad. Los vecinos de París, una ciudad muy cosmopolita, podrán estar de acuerdo en combatir el calentamiento global, pero quizá no ven la relación entre eso y pagar más impuestos al gobierno.

El anunciado nuevo aumento a los impuestos a los combustibles fue solamente la gota que rebasó el vaso, los problemas de la economía francesa y su clase política son mucho más profundos. Los impuestos en Francia son altísimos; la carga fiscal es 45.5% del ingreso nacional y el gasto público representa 57% del PIB, donde un fuerte componente se va en programas redistributivos y subsidios. El código de trabajo tiene tres mil páginas y es prácticamente imposible despedir a un empleado con contrato. El resultado es alto desempleo y estancamiento de la economía. Producir en Francia es carísimo, no solo por la carga fiscal, sino también por el opresivo marco regulatorio y la infinidad de requisitos y trámites.

Como señala Samuel Gregg, desde la última década del siglo pasado, todos los presidentes franceses —Chirac, Sarkozy, Hollande, y ahora Macron— han intentado enfrentar los problemas económicos de Francia introduciendo reformas para liberar el mercado y en cada ocasión el patrón político ha sido el mismo; manifestaciones y huelgas pronto obligan al gobierno a hacerse para atrás. En esta ocasión, frente a las violentas manifestaciones de los gilets jaunes, el gobierno de Macron no solo se ha hecho para atrás después de haber declarado vigorosamente que no lo haría, sino además ha ofrecido decretar un bono de fin de año para todos los asalariados —que suponemos no saldrá de su bolsillo—.

La chispa de las violentas manifestaciones en París, más impuestos para combatir el cambio climático, ha traído a mi mente la reciente iniciativa de ley de promoción de alimentación saludable en Guatemala. Esta ley propone cobrar impuestos desde 10 hasta 35% sobre el costo de producción o valor de importación de productos con alto contenido de azúcar, grasa, sodio o edulcorantes. El resultado no va a ser una mejor dieta, sino un aumento en los costos de los alimentos para los guatemaltecos.

Subir impuestos para combatir el cambio climático o mejorar la dieta es una práctica tan antigua como pagar tributo y entregarle vírgenes al brujo para que no haga erupción el volcán. El cambio climático y una dieta más saludable son problemas que no se resuelven con más impuestos.

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