La misión analiza las variables del desempeño económico, las perspectivas, así como las políticas macroeconómicas y recabó posturas del sector público como del privado.
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La delegación estuvo a cargo de la jefa de la misión para Guatemala de ese organismo, Esther Pérez Ruiz.
De momento se conoce que en los siguientes meses estaría arribando al país para una evaluación, ofrecer apoyo técnico, líneas de crédito y definir las líneas de trabajo con el FMI.
En la actualidad se mantiene un programa de apoyo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que una de las preocupaciones, es área de recaudación.
Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas saliente, aseguró que uno de los principales retos de país es el fortalecimiento de la SAT, para mejorar la recaudación y así llegar por lo menos a una carga tributaria del 15%, lo que estaría en sintonía con lo que expone el FMI.
Pulso
El informe del FMI señala que uno de los desafíos para las autoridades entrantes es preservar la estabilidad macroeconómica y acordar un conjunto de prioridades de política económica.
“Los esfuerzos del nuevo gobierno deberían encaminarse a crear los consensos necesarios para impulsar la agenda de reformas del sector público y del clima de negocios, y a aumentar significativamente la recaudación de impuestos”, destaca el documento.
Se espera que estas acciones aporten una mejora en el crecimiento económico y el nivel de vida de los guatemaltecos.
Además, se reconoce que el crecimiento económico continuará con su dinamismo y la perspectiva a corto plazo es que se mantengan, a pesar del deterioro de la situación externa que presenta riesgos.
En el 2019, la economía creció 3.5% y para este año se proyecta un rango de crecimiento de 3.1% a 4.1%, con un valor promedio de 3.6%.
Además, destaca el dinamismo del envío de las remesas familiares que cerraron el año pasado con una tasa de crecimiento del 13%, la demanda interna y el sector construcción, se estima una recuperación de las exportaciones, así como un impulso fiscal positivo que impulsarían el crecimiento hasta en 3.5%.
Francisca Cárdenas, directora ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), expresó que para este año se espera un mejor clima de negocios y de inversión con la llegada de nuevas autoridades del Gobierno y que es uno de los factores que generan confianza a los potenciales inversionistas.
“Hemos recibido solicitudes de misiones empresariales de varios países para este año que están interesados en explorar Guatemala para hacer negocios y hemos presentado el perfil de país”, dijo Cárdenas.
Los indicadores macroeconómicos de cierre del 2019 fueron actualizados al FMI y se enviaron la semana pasada.
“Las reformas deben de venir por el lado administrativo y mayor control de la SAT sobre todo en aduanas y fiscalización para combatir el contrabando y la evasión”, comentó el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, quien aseguró que el panorama que brinda el FMI está orientado a fortalecer las inversiones, crecimiento económico y el administrador tributario.
Las reformas deben plantearse para mejorar la recaudación en unos impuestos directos, pero también de contener las facilidades para el pago de tributos, para no obstaculizar para los contribuyentes y simplificar los sistemas tributarios.
En sentido, dijo que podría ser beneficioso que se analice una amnistía fiscal, para elevar la recaudación.
Riesgos a la vista
La evaluación también advierte sobre escenarios de riesgo para la economía y que deberán de sortear las próximas autoridades con maniobras casi inmediatas y de tratar lo antes posible, ya que los riesgos a la baja han aumentado.
En ese sentido las principales amenazas en el plano externo son un menor crecimiento de la economía global y una creciente afluencia de migrantes centroamericanos a Guatemala.
Los riesgos internos provendrían de un retraso de la implementación de la agenda económica, una extensa incertidumbre judicial que impacte la inversión, clima de negocios, así como el debilitamiento en los esfuerzos anticorrupción.
También está la disminución adicional en la recaudación tributaria que podrían comprometer el financiamiento del gasto social y de infraestructura, que a su vez impactará en el potencial el crecimiento económico.
“En este contexto, resulta apropiado el respaldo de las políticas monetaria y fiscal a la demanda agregada, que debe mantenerse en el corto plazo. La política monetaria debe continuar siendo acomodaticia, en un contexto de expectativas de inflación bien ancladas”, resalta el informe de evaluación.
También recomiendan que la política fiscal debe orientarse a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, que conllevaría, por el lado del gasto público, mantener el dinamismo en su ejecución.
En pocas palabras, significa que el gasto público sea un motor para el crecimiento económico y que incentive el privado.
Llamado urgente
Por el lado de los ingresos, según el FMI, es primordial revertir la disminución en la recaudación tributaria con el fin de crear espacio fiscal para el gasto social y de infraestructura, en el marco de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su cumplimiento.
El fortalecimiento de las fiscalizaciones y la implementación de las auditorías basadas en el riesgo son importantes para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y permitir la devolución procedente del crédito fiscal del IVA.
La evaluación señala que la aprobación de amnistías fiscales y regímenes especiales socavan la moral tributaria y deben de evitarse.
La última iniciativa que aprobó el Congreso, que otorga estos beneficios, fue la Ley de Simplificación Tributaria, decreto 7-2019 y que crea un régimen especial para el sector agropecuario.
Agenda legislativa
El informe también hace énfasis en lograr acuerdos mínimos para impulsar una agenda, para incrementar el potencial de crecimiento económico, así como forjar los consensos para lograr reformas estructurales de gran alcance.
Llama a la aprobación de la cartera de proyectos público-privados, que tienen un elevado impacto económico y así cerrar las brechas de infraestructura.
En ese sentido, se considera que el presupuesto 2020 debe ser coherente con esta estrategia para movilizar recursos del sector privado.
“La agenda legislativa debe crear un entorno empresarial favorable, merece apoyo y debe agilizarse impulsando empleo, infraestructura de transportes, productividad, y las exportaciones”, señala el informe.
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Para lograr ese propósito, se debe priorizar la creación de una agencia de promoción de exportaciones e inversiones patrocinada por el Gobierno, la ágil adaptación del Convenio 169 de la OIT a la legislación guatemalteca, y la aprobación de las leyes de infraestructura, leasing e insolvencia, así como las reformas fiscales en materia de adquisiciones públicas, servicio civil, que son claves para un uso más eficiente y ágil de los recursos públicos, así como para mejorar la moral tributaria.
También las iniciativas que tienen que ver con la modernización del sistema financiero como las reformas a la ley de bancos y grupos financieros, la ley de mercado de valores y la ley de tarjetas de crédito.
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