¿Cuándo se inicia la discusión de las propuestas de las reformas a la Lepp?
Comenzamos el 17 de enero y tenemos programadas siete reuniones, las cuales finalizarán el 21 de febrero. En la discusión participarán los integrantes de la Came, los representantes de los partidos políticos y las organizaciones sociales que hayan presentado propuestas y solicitado su inclusión en la Comisión.
¿Los partidos que no hayan presentado propuestas podrán participar?
Los partidos son integrantes de la Came, aunque no hayan presentado propuestas. Los que no pueden formar parte son las organizaciones sociales y civiles que no hayan presentado propuestas.
¿Cuál será la mecánica en estas reuniones?
El artículo de creación de la Comisión (256 Bis) de la Lepp establece que es un mecanismo de deliberación y consulta plural, entonces, lo que se pretende es entablar un diálogo con las organizaciones que propusieron cambios.
El plan consiste en que nosotros como Secretaría Técnica de la Came, presentemos el primer día un panorama general de las propuestas que plantearon 77 organizaciones política, porque muchas de ellas versan sobre los mismos temas.
A raíz de ello estamos haciendo una sistematización y tabulación de los contenidos para evitar que el 17 de enero tengamos que escuchar a todas las organizaciones explicando toda su propuesta.
¿Qué pasará con el resultado de estos análisis?
El resultado de la consulta se presentará al TSE como insumo para que si lo considera necesario presente una iniciativa de Ley de reforma electoral.
Los partidos políticos podrán presentar después otras reformas a través de su representante en el Congreso de la República, porque tienen iniciativa de ley.
En caso se prolongue la discusión, ¿se podría ampliar más allá del 21 de febrero?
Ojalá que haya demanda de continuar el diálogo para prolongar la fecha, incluso más allá de la actual magistratura que entrega los cargos el 20 de marzo. Incluso, los actuales magistrados pueden definir si ellos quieren elevar la iniciativa de ley al Congreso de la República.
¿Es posible que los nuevos magistrados sean los responsables de trasladar la propuesta al Congreso?
Nosotros como Comisión lo que tenemos que hacer es entregar a los magistrados una matriz de propuestas estratégicas que, incluso, contendrá los puntos divergentes.
Con base en este informe los magistrados tomarán la decisión sobre qué reformas a la Lepp presentan o si no lo hacen, porque la Ley no los obliga a proponer. También pueden decidir si estos insumos los trasladan a la siguiente magistratura para que ellos la analicen, lo cual sería más legítimo, porque a ellos le tocaría hacer la gestión política de traslado y aprobación.
Debido a la polémica que generaron las reformas del 2016, ¿no sería extraño que ahora haya mucha discusión?
Sí, afortunadamente la discusión sobre la reforma electoral está bastante avanzada con base a las del 2016. En estos momentos se tiene claro cuáles son los temas del sistema político nacional que se deben abordar. Tal vez solo haya necesidad de perfeccionar algunos y retomar otros, pero afortunadamente ya hay un trecho avanzado.
¿Cuáles son las reformas que más solicitan las organizaciones políticas y sociales?
Nuestros primeros análisis nos dicen que los temas más frecuentes son la democratización interna de los partidos políticos, la forma en que se votan por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, financiamiento de las organizaciones políticas, régimen de medios de comunicación y el fortalecimiento del TSE.
En cuanto al fortalecimiento del TSE, ¿qué se propone?
Hay varias, pero una es que se fortalezca la presencia territorial del tribunal. Tenemos delegaciones y subdelegaciones departamentales y municipales que tienen atribuciones definidas pero que deben fortalecerse.
Por ejemplo, el trabajo de formación en democracia que tiene que hacer a nivel central el Instituto Electoral, pero de la cual son responsables, según la Lepp, los delegados y subdelegados, pero por las múltiples tareas que tienen se ha notado la necesidad de fortalecer esas delegaciones.
También proponen el fortalecimiento de la Inspección General que es la que se encarga de supervisar que se respeten las normas relacionadas con la propaganda electoral e investigar, en primera instancia, la comisión de delitos electorales.
La inspección se encarga del tema administrativo, pero si la falta es fuera del ámbito penal se encarga de formar el expediente para enviarlo al Ministerio Público y se investigue.
En las Elecciones Generales del 2019 se criticó la integración de las Juntas Receptoras de Votos, las municipales y las departamentales.
La mayoría de las propuestas están relacionadas con modificaciones institucionales no necesariamente de la Lepp, porque esta ya establece los requisitos que se consideran como positivos para la integración de las Juntas. A nivel interno piden que haya más pertinencia cultural y mejorar los procesos de capacitación hacia los órganos electorales temporales.
También se criticó que en muchos municipios los integrantes de las Juntas eran familiares de los candidatos
Este es un tema muy complejo porque en los municipios depende mucho del liderazgo de los delegados y subdelegados. Hay municipios muy poblados como los de Guatemala y también muy pequeños como Pachalum, Quiché, que no llegan ni a 10 mil habitantes, por lo que la mayoría de personas tienen un parentesco.
La idoneidad de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos debe ser calificada por la Junta Electoral Municipal, pero se encuentra con el dilema de que no todos quieren formar parte de las juntas y tampoco todos son capaces y luego viene el criterio de que no sean familiares entre sí o de políticos activos.
Lo que queda es buscar la idoneidad por medio de la ética, porque es imposible en municipios muy pequeños, más aún con el tema de que ahora hay circunscripciones con hasta 24 candidatos a alcalde.
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