A partir del momento de toma de posesión de sus cargos, un grupo de personas ha asumido unas nuevas responsabilidades que, en algunos casos, quizás nunca imaginaron. Para algunos esas responsabilidades derivan de un acto electoral, para otros del hecho de su nombramiento para ocupar un cargo público. Y pensaba yo, si tuviera la oportunidad de decirles algo a todos ellos, ¿qué les diría?

No tardé mucho en responderme. Les diría que en sus manos está pasar a la historia como un ciudadano honorable o no. Y les diría que eso depende, específicamente, de lo siguiente: que sus actuaciones como funcionario público se dirijan al bien común y con estricta sujeción a la Ley.

En efecto, todos los problemas nacionales pueden solucionarse de diversas maneras. Para aquellos problemas en que cabe considerar múltiples opciones, hay quienes se decantan por aquellas basadas en modelos de mercado, otros prefieren modelos de mercado dentro de un marco regulatorio, algunos han sido seducidos por las participaciones público-privadas y todavía hay otros que siguen creyendo en que la realización del bien común requiere de la ejecución de las acciones necesarias por parte de ciertos órganos o entidades del Estado. Muy bien, pero eso no es más que, por así decirlo, la parte meramente “técnica”.

La otra mitad consiste en determinar qué es constitucional y legalmente factible, esto es, válido a la luz de las reglas jurídicas que rijan la materia del problema cuya solución se persigue. Me parece que es muy importante comprender que la causa de que muchas soluciones deseables deban descartarse —o realizarse al margen de la legalidad— radica en su factibilidad jurídica.

En ese orden de ideas, si tuviera la oportunidad de dirigirme a los nuevos funcionarios les diría que, quizás, su mayor aporte durante el período presidencial que acaba de dar inicio sería promover la reforma de ciertas normas de nuestro ordenamiento jurídico, abriendo así el abanico de soluciones que sean, a la vez, técnica y legalmente factibles.

Creo que algunas soluciones no son en la actualidad legalmente factibles porque, en algún momento del pasado, por error, por la acción de grupos de interés, no importa, la Constitución o las leyes han excluido la adopción de ciertas soluciones.

También les diría a esos funcionarios que su honorabilidad depende de su actuación dentro de las reglas, porque desde el poder suelen cambiar dos actitudes personales, a saber: se pierde la paciencia y se pierde la tolerancia de quienes piensan de otra manera. Efectivamente, el funcionario bien intencionado que tiene certeza de que la solución que procura es la mejor y sería un éxito rotundo para su gestión como tal, ante la negativa de otros partidos o de otros sectores, puede caer en la tentación de eso que en Guatemala coloquialmente se describe como “la güizachada”. Más vale, entonces, discutir con paciencia, de cara al juicio de la opinión pública, las posiciones en disputa y promover reformas de fondo, respetando los pareceres disidentes.

En pocas palabras les diría a esos funcionarios que vean el Estado de derecho como un ideal. Es decir, que se imaginen a sí mismas o a sí mismos diciendo un día a sus nietos: “cuando fui funcionario del gobierno de este país, siempre cumplí con la Ley, intenté lograr alguna visión del bien común y por eso puedo afirmar que serví a mi país y que hacerlo fue verdaderamente un honor”.