Una lista de proveedores que cobran por servicios que se desconoce si fueron prestados, pues no hay documentos de soporte y varias contrataciones de última hora motivaron la denuncia en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP), la cual se espera sea trasladada a la Fiscalía Contra la Corrupción.
La denuncia en contra de los integrantes del anterior Concejo, presidido por Gerónimo Martínez, fue presentada por Juan José Díaz, auditor interno de la comuna.
El documento detalla que la mayoría de solicitudes de pagos carecen de documentos de soporte y que en las oficinas de bienes no se cuenta con las constancias de entrega e ingreso de las compras a bodega. Por ejemplo, solo en pago de hoteles se deben Q17 mil 650.
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Además, detalla que hay facturas del 2018 y 2019 sobre cobros por proyectos, pero estos no corresponden al avance físico de los mismos. También se detallan cobros por renta de cisternas y reparación de maquinaria.
De acuerdo con el listado presentado en el expediente, entre los proveedores a los que se adeuda destacan nueve facturas por Q550 mil 594 a favor de la Constructora Castillo; 16 por Q262 mil 598 a la Distribuidora Getsemaní; 12 por Q54 mil 440 a la Distribuidora Zafiro; cuatro por Q99 mil 50 a la Constructora y Transportes Mérida; y 103 por Q74 mil 203.74 facturas a la Librería y Floristería El Vencedor.
En el informe del auditor se detallan cobros que hacen restaurantes, hoteles, cevicherías, librerías, constructoras, personal por contrato, pago de publicidad en radios, una imprenta y otros proveedores, en la mayoría no hay certeza que el producto adquirido haya ingresado a bodegas o que tenga soporte para pagar las facturas.
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“En algunos pagos que se piden solo aparece la firma del alcalde”, detalla el informe contenido en la denuncia, el cual refiere que esperan las actuaciones del MP para individualizar responsabilidades penales de los integrantes de la excorporación.
Es un deber
El alcalde Gustavo Cano asegura que el panorama encontrado es “peor” de lo que imaginaron, pues al revisar documentos se percataron de que existen “suficientes” irregularidades para no pagar la deuda hasta que tengan claridad de cómo se hicieron los procedimientos.
Definió la situación como un caos administrativo que llevará tiempo para resolver. “Esto solo es una parte, no son solo proveedores, hay gente que viene a cobrar, se tenía la obligación de presentar la denuncia”, dijo el jefe edil.
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El funcionario afirmó que aún no tienen un panorama del estado -financiero- “real” de la comuna, y que lo único que saben es que operan con números rojos, pues de los Q4 millones en caja les dejaron una deuda que supera los Q3 millones; además, hay 60 contratos de maestros, salarios que no se han pagado y recontratación de personal que fue cesado por alguna razón.
Según el alcalde, hay 70 contratos indefinidos, cuyo personal no llena los requisitos para desempeñar los cargos. “Hay contratos que fueron suscritos fuera de la municipalidad, vienen maestros y dicen que tienen contrato, pero no aparecen en recursos humanos”, afirmó.
Pocas esperanzas
Integrantes del Colectivo Departamental de Transparencia y Auditoría Social explicaron que hay pocas probabilidades de que la denuncia del Concejo prospere, pues a quién le corresponde hace esa investigación es a la Contraloría General de Cuentas.
Manolo Ordóñez, coordinador del colectivo, afirmó que es necesario que las nuevas autoridades transparenten el manejo de las finanzas.
Agregó que han solicitado información para dar acompañamiento a los procesos de auditoría social.
Jorge Morales, coordinador del Frente Huehueteco Contra la Corrupción, invitó al Concejo a informar al pueblo sobre los hallazgos en el trabajo hecho por las autoridades anteriores.
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