En enero de 2019, era un aspirante a la presidencia de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que creía haber dado “carta blanca” al Cartel de Sinaloa para traficar cocaína por el país a cambio de US$12 millones para su campaña política, entre otros beneficios, como señala el fiscal Jason Richman en el expediente del caso 19-CR-00328 (en la corte distrital del Distrito Sur de Nueva York).
Un año después, Estrada permanece recluido en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), según los registros electrónicos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU.
Ahora, sólo le queda esperar una sentencia benévola por conspirar para importar drogas a ese país, que en abril pasado lo capturó en Miami junto al entonces tercer subsecretario de la UCN, Juan Pablo González Mayorga (por el mismo delito), sólo dos meses antes de las elecciones generales.
Estrada, quien en octubre pasado se declaró culpable del delito señalado, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua (como los hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón, condenados en 2018), y una mínima de 10 años de cárcel, según la legislación estadounidense. La decisión se anunciará en una audiencia este 24 de enero.
El pasado 2 de enero, Estrada sostuvo una conferencia telefónica con la corte, aunque el expediente no revela el contenido, ni divulga solicitud alguna de prórrogas para anunciar la sentencia.
La sentencia depende de cuánto la defensa de Estrada y la Fiscalía hayan persuadido a la corte respecto a la responsabilidad del procesado, y de la cooperación ofrecida.
La porción del expediente que revela cómo Estrada colaboró, o debe colaborar, no es pública. La presunción es que la fiscalía no habría aceptado su cooperación si no hubiera ofrecido información útil. En junio pasado, según el documento 12 del caso, el juez Jed Rakoff decretó una medida de protección sobre contenidos del expediente cuya divulgación podría arriesgar la vida de los testigos y/o los procesados.
Así, Estrada se suma a la lista de guatemaltecos que pasaron por cárceles neoyorkinas. El amigo de Estrada y expresidente Alfonso Portillo, acusado de conspiración para lavado de dinero pasó por el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC, por sus siglas en inglés) en Manhattan, una cárcel de detención preventiva como el MDC de Brooklyn, para sentencias cortas, o estadías temporales mientras las autoridades trasladan al interno a una prisión de cumplimiento de condena.
Portillo no fue a juicio ante una corte neoyorkina porque se declaró culpable, y a cambio recibió una condena de cinco años de prisión en Colorado. Por el MCC también pasaron Jorge “El Gordo” Paredes Córdova, Otoniel Turcios Marroquín, y Walter Overdick Mejía, también acusados de conspirar para importar cocaína a EE. UU. como Estrada.
¿Qué hace diferente el caso de Estrada?
Paredes, Turcios y Overdick participaron en conspiraciones en las que sí se traficó cocaína, según sus expedientes en cortes neoyorkinas. Paredes fue a juicio porque se declaró “no culpable”, y en 2010 se vio condenado a 31 años de cárcel, sentencia después modificada a 21 años.
Turcios (acusado en el mismo caso que Paredes) y Overdick (principal socio guatemalteco de los Zetas) no fueron a juicio porque (en 2010 y 2012, respectivamente) se declararon culpables —como Estrada— y permanecieron cinco años en el MCC antes de su deportación a Guatemala.
En la conspiración de Estrada, en cambio, nunca se consumó el objetivo. El procesado planificó el trasiego de drogas vía Guatemala con quienes creía eran miembros del Cartel de Sinaloa, aunque eran policías guatemaltecos fingiendo ser narcotraficantes, en una misión encubierta que dirigía la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, en inglés).
El trasiego ocurriría, supuestamente, después de que Estrada ganara la presidencia. El excandidato sí recibió $10 mil dólares en efectivo, según el expediente, el anticipo de un pago mayor que los supuestos narcotraficantes le ofrecieron enviar hacia Guatemala —una trampa de las autoridades estadounidenses para reforzar la acusación—.
La sentencia que Estrada y González recibirán podría ser reducida después, considerando que, a otros narcotraficantes guatemaltecos condenados de 17 a 20 años de cárcel, los excarcelaron después de 12 y hasta cinco años.
El expediente público no revela cómo les afectará el otro cargo que enfrentan: conspirar para cometer crímenes violentos relacionados con el narcotráfico, porque ambos pidieron (a los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa) asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana y a dos fiscales en Guatemala, aunque después cambiaron de parecer —según los agentes encubiertos—.
La fiscalía también acusaba a Estrada de producir droga, pero el cargo desapareció de la acusación final.
Mientras tanto, los abogados defensores Robert Feitel y Sabrina Shroff esperan que la sentencia de Estrada refleje las negociaciones con la fiscalía. Feitel ya lo logró con otro cliente expresidenciable guatemalteco, Manuel Baldizón.
También lo hizo Shroff, una defensora pública que lidera la defensa de Estrada, y a cuyo cliente más notorio —el narcotraficante y terrorista afgano Haji Juma Khan— EE. UU. lo consideraba un aliado clave del Taliban al capturarlo en 2008, aunque luego lo excarceló discretamente en 2018 pese a enfrentar una sentencia mínima de 20 años de cárcel. Shroff reveló que Khan cooperó con las autoridades estadounidenses antes de su excarcelación.
La corte neoyorkina decidirá si Estrada tiene mejor o peor suerte.
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