Llegó enero del 2020 y con ello el fin de la octava legislatura del Congreso de la República 2026-2020. El panorama político estuvo agitado en los últimos dos años, lo cual incidió en el trabajo legislativo.

Entre 2016 y 2019 se realizaron 369 sesiones en el pleno del Congreso, es decir, más de 80 en cada año. Sin embargo, únicamente seis de los 158 diputados llegaron a más del 95% de todas y 11 asistieron a menos del 66%; es decir, faltaron a una de cada tres sesiones que se realizaron en el pleno. La asistencia de los legisladores a las sesiones es vital para el ejercicio democrático, pues es en estas es donde se discuten los temas importantes del país.

Históricamente, en todas las legislaturas, el primer año suele ser el de mayor trabajo y el último, el de menos trabajo. De las 644 iniciativas de ley que se presentaron en los cuatro años, 210 fueron presentadas en 2016, y de los 108 decretos de ley que emitió el Congreso, 50 se emitieron ese mismo año.

El corazón del trabajo legislativo son las comisiones, pues son los entes técnicos en los cuales se discuten y dictaminan las iniciativas de ley. En los cuatro años, las 38 salas de trabajo emitieron 336 dictámenes. Sin embargo, solo cinco comisiones emitieron la mitad de todos los dictámenes (la de Legislación y Puntos Constitucionales emitió 64 dictámenes y la de Finanzas, 50), y hubo otras que emitieron uno o dos en los cuatro años. También dejaron 199 iniciativas pendientes de dictaminar, trabajo que debe hacer la actual legislatura (2020-2024) o archivarlas después de los primeros seis meses, como establece la ley.

A nivel administrativo resaltan dos temas: 1) que la cantidad de empleados del Congreso se redujo y 2) que el gasto de ese organismo ya no se siguió incrementando, como en años anteriores.

Entre 2015 y 2019, la plantilla del Congreso se redujo en 1,100 empleados. En 2015, ese organismo del Estado tenía 3,374 empleados y en el 2019 había contratado solo 2,273. En 2016 se hicieron reformas a la ley interna del Congreso, lo cual redujo 690 empleados temporales. También se llevó a cabo un proceso de retiro voluntario, con lo que se redujo la plantilla en más de 400 empleados fijos.

Estos cambios hicieron que el gasto del Congreso ya no siguiera aumentando, como lo hizo en las anteriores legislaturas: entre 2008 y 2011 se incrementó 31% y entre 2012 y 2015 aumentó 49%. Entre 2016 y 2019, el Legislativo gastó 2,991 millones de quetzales. Si esta cifra se divide entre los 158 diputados de la Octava Legislatura, en promedio, cada uno costó 19 millones de quetzales en los cuatro años. ¿Fue un dinero bien invertido? Aún quedan dudas.

Los resultados están a la vista: múltiples sesiones del Congreso se perdieron en interpelaciones que no llegaron a ningún lado, muchas sesiones se cancelaron por falta de quórum, pocos decretos de los 108 aprobados cumplieron con todos los requisitos de forma y algunas de las 38 comisiones de trabajo no emitieron más que uno o dos dictámenes en los cuatro años de trabajo legislativo.

Para el futuro el desafío es mejorar el trabajo legislativo. Para ello se deben contemplar sanciones administrativas para los diputados que falten a un gran número de sesiones, fortalecer el servicio civil del Organismo Legislativo, contratando a los empleados necesarios, mediante procesos de mérito; revisar el número y alcance de las comisiones de trabajo y lograr que todos los decretos emitidos cumplan con los requisitos de forma. Es lo que deberá lograr la Novena Legislatura, que tomó posesión el 14 de enero.