Luego de la resolución del juez de Mayor Riesgo Hugo Escalante, quien otorgó sobreseimiento a los implicados en el caso conocido como corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, Prensa Libre consultó con analistas sobre las secuelas sociales que puede tener la decisión judicial.
El 29 de enero de 2020, el juez determinó que no existen indicios suficientes para que el proceso continúe, de esta forma se libraron el exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos, la exgobernadora María Elisa López Ixtabalán, el exsíndico Carlos Pereira, los exconcejales Carlos Illescas, Carlos Prado y Maximiliano de León. Además, de los empresarios Cástulo Domingo Cayax, Celso Sarceño González, Luis Menchú Maldonado, Marvin Rodas López, Werner Gudiel Domínguez, Willy Vásquez y Julio Cesar Tzaj Huinac.
La fiscalía pedía que Barrientos fuera enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, fraude en forma continuada, abuso de autoridad, malversación, lavado de dinero y cohecho pasivo, en situación similar se encontraban los otros exfuncionarios. En el caso de los constructores los señalamientos fueron por casos especiales de estafa y asociación ilícita.
La fiscalía acusó a los exfuncionarios de un supuesto fraude que habrían cometido junto a empresarios, los hechos supuestamente implicaron Q20 millones en comisiones ilícitas por obras municipales.
El sobreseimiento se dio para todos los implicados.
Karin Slowing, analista del desarrollo, considera que la resolución del cierre del caso en contra del exalcalde Barrientos, y otros exfuncionarios, representó “un día triste para Quetzaltenango”. Además pide al actual alcalde de Xela que no imite el “mal” ejemplo de Barrientos.
“Me parece que la decisión del sistema de justicia no ayuda al imperio de la justicia, dejar en la impunidad este tipo de acontecimientos da un pésimo ejemplo para la nueva administración, en términos de que los funcionarios pueden hacer cualquier cosa y después no hay consecuencias”, dijo Slowing.
Agregó que los efectos de la gestión municipal de Barrientos son el abandono de la ciudad. “Los impactos de la decisión de la corte, del juez, no solo tienen que ver con los Q20 millones por lo que se les acusaba al señor Barrientos, es el efecto de su gestión, de 12 años del abandono de la ciudad, los que vivimos en Quetzaltenango y los ciudadanos quetzaltecos estamos viviendo día a día las consecuencias de esa gestiones que dejaron en el atraso y el rezago al municipio, en su desarrollo urbano y en su condición de servicios, así como en las enormes planillas y sindicatos que hay en la municipalidad y que maniatan la capacidad de prestarle a la población la atención que necesita”.
En el transcurso del proceso la extinta Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tuvo que renunciar al proceso porque su mandato terminó durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
Para la analista, esta situación afectó la continuación del proceso. “Se perdió el contrapeso a las acciones, tenemos un sistema de justicia cooptado, entonces se perdió el contrapeso del Organismo Judicial para imponer realmente la ley y estas son las consecuencias, tristemente”, indicó.
En las redes sociales algunas personas criticaron la resolución y demandaron que el proceso contra los exfuncionarios continúe, pero otras personas aplaudieron la resolución del juez y defendieron a los implicados, principalmente al exalcalde Barrientos.
Para Slowing este panorama es “normal” porque aún las personas que han sido juzgadas tienen derecho a tener amigos y simpatizantes. “Hay gente que simpatiza con ellos porque es su familiar, son amigos o por cualquier otra razón, eso no necesariamente refleja el proceso ni la objetividad del caso. No tenemos porque estar todos al unísono en el mismo pensamiento, el tema es que se respete y no se traduzcan en hechos abusivos, ni discursos de odio y mucho menos actos de violencia, ni intimidación, ni al juez, ni al Ministerio Público, ni a los ciudadanos que nos pronunciamos”, explicó.
Después del fallo el exalcalde Barrientos aseguró estar satisfecho y relató que durante su gestión, de 12 años, hizo más de mil obras, a consideración de la analista “todo el mundo hace obras”.
“El tema es cuestionar si impulsó el desarrollo urbano de la ciudad, durante 12 años eludió abordar el tema de la energía eléctrica en Xela, qué costos ha tenido eso, falta de desarrollo, nos quedábamos sin luz cada cierto tiempo, se quemaron aparatos eléctricos que nadie repuso, hay costos en eso que nadie está viendo. Hacer obra no es hacer un puente mal hecho como el de Avenida las Américas, que es un mamarracho, si la ciudadanía hiciera una auditoria de qué significa hacer obras habría mucha tela que cortar, no se trata solo de gastar dinero”, afirmó.
Para el abogado y analista Carlos Martínez, la resolución del juez envió un mensaje “un poco duro” a la población y al ente investigador.
“Las investigaciones deben ser profesionales, por más culpable que pueda parecer una persona, o que lo sea, de todas formas se tiene que hacer una debida investigación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado en repetidas ocasiones porque se llega a los procesos de una forma apresurada, cuando se tiene el tiempo y las herramientas de poder hacerlo bien”, afirmó.
“El razonamiento del juez que se pudieron haber violentado garantías constitucionales, o que había prueba ilegal y que se adquirieron pruebas de terceros que no tenían que ser parte del proceso, debe pesar en la conciencia del MP, porque no solamente es este caso donde la fiscalía llega con elementos superfluos, sin una debida investigación y sin un adecuado diligenciamiento de prueba”, agregó.
El analista asegura que no se puede negar que en todas las corporaciones municipales y en el “engranaje” gubernamental hay corrupción.
“Hay personas corruptas dentro del sistema y es necesario investigarlas y hacer que paguen por sus delitos, le están robando al pueblo, pero la población espera una adecuada investigación. Creo que vamos por buen camino en cuanto que se han iniciado las investigaciones, pero nuevamente recalco deben ser adecuadas y no apresuradas como en este caso”, afirmó.
Contenido relacionado
Reactivan proyecto de construcción del Cunoc
Once argumentos del juez para cerrar el proceso
Empleados municipales reciben cheque
