Según los datos de últimas encuestas, 24% de las personas entrevistadas confían en el Tribunal Supremo Electoral. La baja confianza que tienen los ciudadanos en la Democracia y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala representa un grave problema al inmaduro sistema republicano, democrático y representativo de gobierno de Guatemala que debe ser atendido de forma urgente.

¿Por qué el 76% de la población guatemalteca no confía en el TSE? Esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Basta con hacer una breve revisión de los distintos desafíos que se desarrollaron en el último proceso electoral para encontrar luces de estos problemas y sus orígenes, problemas que trascienden a un descontento generalizado con la democracia.

Por ejemplo, varios candidatos fueron inscritos, aunque tenían impedimentos constitucionales. Fueron inscritas personas condenadas en el pasado por delitos relacionados con el narcotráfico, candidatos presidenciables vinculados con estructuras de robo de energía eléctrica y diputados tránsfugas. Además, se cometieron errores graves que nunca se habían presentado en la gestión electoral, como las fallas en la presentación de resultados electorales en el sistema de cómputo. Y finalmente, la libertad de expresión, un derecho fundamental para el buen desarrollo democrático, fue amenazada durante el proceso electoral con medidas de censura a través de reglamentos emitidos y desconocidos por el mismo TSE. Una regulación de pauta electoral sumamente cuestionable. Así como una confusión generalizada sobre el financiamiento a partidos políticos y la aplicabilidad del voto nulo.

Estos problemas son solo algunos de los desafíos en el pasado proceso electoral que merecen un diagnóstico serio sobre sus causas. Algunos de ellos habrán sido causados por mala gestión o interpretación, mientras otros tienen una causa en una mala regulación del sistema electoral en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El TSE, como señala la Constitución, tiene la facultad de iniciativa de ley, justamente para proponer al Congreso las reformas legales que consideren que pueden mejorar el sistema electoral. Además, poder sugerir reformas al Congreso, el TSE también tiene la facultad de instalar una Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) justamente después del proceso electoral, con el objeto de “evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueren procedentes a la presente ley”.

Esta semana se cumple la tercera sesión de la Came coordinada por el Instituto Electoral del TSE, donde se ha realizado un importante trabajo de recibir propuestas de distintas organizaciones y establecer una metodología de organización. Si bien es plausible el trabajo realizado por el momento, la gran tarea aún pendiente y no del todo fácil de la Came es hacer un diagnóstico crítico del proceso electoral pasado. Solo así podrán encontrar los orígenes del descontento democrático. Antes de promover el sistema electoral que queremos, establezcamos las causas por las cuales el sistema electoral que tenemos es deficiente y no responde a las expectativas ciudadanas de una democracia funcional.

Estamos en el inicio de la elección de nuevos magistrados del TSE; sin embargo, sin reformas estructurales que solucionen los errores de fondo del sistema electoral no lograremos consolidar nuestra república democrática y representativa.