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El transporte es una de las prioridades de la inversión social proyectada para este año, con 198 proyectos en todo el país, el 37 por ciento del total, y un presupuesto asignado de Q10 mil 642 millones.
Entre esos proyectos, para este año se asignaron Q37 millones 623 mil 41 a la construcción del libramiento de Chimaltenango, un tramo de 15.323 kilómetros que atraviesa la cabecera de Chimaltenango y El Tejar para hacer más ágil el tránsito por ese sector.
Esta cantidad se suma a los Q657 millones 147 mil 968.37 que se asignaron a ese proyecto del 2014 al 2019.
Sobre el Libramiento, la Contraloría General de Cuentas informó el 30 de enero de este año que hay 10 hallazgos de anomalías en su construcción y aún se evalúan denuncias penales al respecto, pero también habría sanciones administrativas.
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La auditoría que hizo la Contraloría tardó 70 días y comenzó luego de varias denuncias públicas por posibles deficiencias en la construcción de ese tramo.
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público también hace una investigación sobre la obra.
El segundo mayor presupuesto para obra social está destinado al sector agropecuario, con Q766.2 millones para 15 proyectos, aunque hasta este jueves 6 de febrero no se había asignado nada de ese monto.
Aquí se incluyen subsidios y créditos para la compra de tierras y capital semilla para el arrendamiento de propiedades.
Proyectos con más inversión:
Transporte
- Q400 millones para la ampliación de la infraestructura portuaria y profundización del muelle sur y enlace del muelle principal en Puerto San José, Escuintla.
- Q390 millones para la construcción del tamo 5 de la carretera Anillo Regional, que conecta San Juan Sacatepéquez, Guatemala, San Raymundo, Chuarrancho, ruta al Atlántico, Sanarate y El Progreso.
- Q16 millones para la construcción de un distribuidor vial a desnivel en la entrada a la colonia Satélite, Mixco, Guatemala, en el kilómetro 19.2 de la ruta a occidente.
- Q16 millones para la construcción de un paso a desnivel en la ruta Interamericana, en el retorno a San Lucas Sacatepéquez.
- Q2 millones 550 mil para la construcción del libramiento entre San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, Suchitepéquez, incluido el puente Castillo Armas y con una longitud de 34 kilómetros.
Sector agropecuario
- Q2 mil 400 millones para un proyecto de manejo de bosques naturales.
- Q142 millones 783 mil 30 para la construcción de un sistema de riego en Jacaltenango, Huehuetenango.
- Q88 millones 800 mil para subsidio y crédito para la compra de tierras en las regiones norte y centro.
- Q65 millones 35 mil para un capital semilla y créditos para arrendamiento de tierras.
- Q18 millones 805 mil 524 para un subsidio para dar asistencia técnica a familias campesinas, compra de alimentos y capital de trabajo.
Además, hay proyectos para educación, agua y saneamiento, seguridad interna, cultura y deportes, medioambiente y comunicaciones.
En este último caso se trata de la construcción de un edificio para el Ministerio de Comunicaciones en la zona 13 capitalina, por un monto de Q895 mil.
Mientras que los proyectos que aún no reciben asignación presupuestaria son trabajo y previsión social, energía, ciencia y tecnología y judicial.
En total son 18 rubros para los que se tiene un presupuesto de Q13 mil 82 millones 294 mil 171, de los cuales ya se asignaron Q3 mil 656 millones 463 mil 982, pero de esto no se ha ejecutado nada.
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Priorización necesaria
Tomando en cuenta la baja ejecución del año pasado y la necesidad de una readecuación presupuestaria para el 2020, es difícil pensar que concluirán todos los proyectos, según la exsecretaria de Segeplán, Karin Solowing.
La exfuncionaria considera que es necesario hacer una priorización de los proyectos y que tanto Segeplán como el Ministerio de Finanzas deben acompañar la ejecución de los Consejos de Desarrollo y las municipalidades.
Para Slowing hay un “exceso de optimismo” al programar todas esas obras, debido a que no hay motivos para creer que se mejora la capacidad de ejecución y, además; habrá retrasos para comenzar la inversión debido a la aprobación en el Congreso de la readecuación del presupuesto.
Gabriela Ayerdi, especialista en temas de transparencia, considera que se refleja de nuevo un problema grave del sistema de gobierno, debido a la falta de conocimiento sobre cómo presupuestar la obra pública.
La especialista dice que hay mucha obra de arrastre por mala planificación y considera que la Contraloría debería emitir sanciones administrativas e incluso penales ante ese tipo de faltas.
Ayerdi afirma que también es necesaria la fiscalización ciudadana, pero aún hay dificultad debido a que los portales de información la proporcionan de forma “muy técnica y confusa”.
“Se debe informar con un lenguaje adecuado para que los ciudadanos y, principalmente vecinos que serán afectados por las obras, conozcan de los proyectos”, explicó.
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