Entre los resultados se reportan 80 detenidos, 236 allanamientos y 932 denuncias, además de Q114 mil incautados. También se notificó a tres personas que ya están en prisión, sobre hallazgos en su contra.
En el estado de Prevención, el tercero decretado después de Mixco y San Juan Sactepéquez y Villa Nueva, participaron mil 615 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y mil 412 integrantes del Ejército.
Giammattei explicó que se llegó a Chimaltenango después de evaluaciones e información que indicaba que los delincuentes se refugiaron en ese departamento al efectuarse los dos primeros operativos.
El presidente también reveló que hay una “estrecha relación” entre los mototaxis de Chimaltenango y los pandilleros, por lo que recomendó al alcalde de Chimaltenango, Alexander Simaj, que haga una revisión de los permisos para ese tipo de vehículos.
Según el mandatario, muchos de los conductores de mototaxi pertenecen a cliclas, distribuyen drogas y en algunos casos portan las armas con las que se cometen los ataques armados.
El operativo en San Andrés Itzapa, El Tejar y la cabecera departamental de Chimaltenango, provocó que también se hiciera una requisa en la cárcel departamental, donde se encontraron más de 200 metros de cable, lo que permitía el acceso a internet a los privados de libertad.
Además, se requisó el Centro Preventivo para varones, de la zona 18, en donde hubo hallazgos de droga, electrodomésticos y otras comodidades, pero destacó lo localizado este martes en la prisión de Pavoncito donde fueron detectados lujos como habitaciones con refrigerador, televisor y otros servicios. “Estas fotografías demuestran el estado en el que ha llegado la corrupción”, alertó el presidente.
“Las personas que están residiendo ahí, muchas son de la banda de Guayo Cano. Asesinos de policías. El que mate un policía en cumplimiento de su deber, tiene que ir a prisión, no ir a un lugar donde pueda tener todo el guaro del mundo y entrar a las mujeres que quieran”, dijo Giammattei.
Como otros hallazgos, el presidente dijo que el dinero y los bienes que se incautan y que son producto de extorsiones no están reguladas en la Ley de Crimen Organizado, por lo que tampoco se les aplica la extinción de dominio.
Para corregir esto, el Ejecutivo prepara una iniciativa de ley para incluir a las pandillas en la ley de crímen organizado. Se estima que esta propuesta se presentará dentro de 15 días.
Depuración
El presidente anunció que el viceministro de Gobernación, Rocael Reyes, interpuso una denuncia en el Ministerio Público por varios hechos ilícitos en las prisiones, lo que permitió que en lugar de requisas se hagan allanamientos y con ellos se puede tener acceso a otros lugares, como los casilleros de los agentes del Sistema Penitenciario (SP).
Giammattei afirmó que ya está en marcha un plan para reformar el SP y que el primer caso es el nombramiento de directores y subdirectores de cárceles que están certificados, lo que garantiza que no tienen vínculos con pandilleros. También anunció que la próxima semana comenzarán a practicarse pruebas de confiabilidad a los mandos superiores de la PNC, que incluyen el polígrafo y otras.
“Queremos saber que quienes nos están cuidando no tienen relación con criminales”, expresó Giammattei, quien indicó que se aspira a pasar dichas pruebas de confiabilidad a todos los agentes de la PNC, pero por ahora, con ayuda de la comunidad internacional, se hará con los superiores.
El gobernante también anunció que fueron abiertas mil 500 nuevas plazas para agentes de la PNC porque hay muy pocos, un estimado de unos 6 mil policías por turno para un área de 108 mil kilómetros del país.
El presidente también se refirió a la investigación que se sigue en el caso del embajador de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina, por su presencia en el país y su intervención en la solicitud de asilo político que hizo su hijo, el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela a Colombia.
Según el funcionario, el proceso está en fase de descargo de pruebas y se hace una investigación exhaustiva debido a que despedir al diplomático costaría Q1 millón, dinero que no está disponible en la Cancillería y para lo que se debería esperar la readecuación presupuestaria.
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