Ejecutivos de Lila indicaron que el cierre obedece al cobro de extorsiones, lo que se conoce en el país como “impuesto de guerra”, que hacen pandillas juveniles a transportistas y empresarios a cambio de no asesinarlos.
Las instalaciones de la empresa Lila, que fue fundada el 19 de mayo de 1972, amanecieron este martes resguardadas por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público, según constató Efe.
La compañía cubre la ruta entre Tegucigalpa y la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, región central del país centroamericano.
El cierre de Lila se suma al anunciado por la compañía de transporte Flores, el pasado domingo, de suspender operaciones en La Paz por el cobro de extorsiones.
“A nuestra clientela les comunicamos que estaremos fuera de servicio hasta nuevo aviso”, indicaron sus ejecutivos en un cartel colocado en el interior de las instalaciones de la empresa.
Según dirigentes del transporte, los pandilleros les exigen el pago de 20 mil lempiras (unos US$811) al mes a cambio de no asesinar a los chóferes de los autobuses o incendiar las unidades.
Empresarios del transporte pidieron al Gobierno de Juan Orlando Hernández que no los abandone y que se busquen mecanismos para revertir la situación de inseguridad que impera en el país centroamericano, donde este año se registra un promedio de once asesinatos al día.
La Policía Nacional y organismos de derechos humanos atribuyen la mayoría de este tipo de ataques a dos pandillas rivales, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, que se dedican a extorsionar a comerciantes, conductores, empresarios del transporte público e incluso a estudiantes.
Al menos 134 empleados del transporte público de Honduras fueron asesinados en 2019 por bandas delictivas, muchos de ellos por negarse a pagar extorsiones, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país.
Entre las víctimas hay chóferes, ayudantes, taxistas y empleados de mototaxis, según las autoridades hondureñas.
