Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.
Falta que Aifán dicte las medidas de coerción contra el exdiputado que se entregó el 13 de enero último y permaneció en prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala.
La resolución de Aifán contiene más delitos contra Escribá que los planteados en la orden de captura, por concusión y fraude.
El señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) determina que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.
