Entre el 24 de marzo y el 5 de abril, el Congreso de la República de Guatemala aprobó, por iniciativa del “Ejecutivo”, tres ampliaciones presupuestarias que suman Q19,806 millones. Con la excusa del coronavirus, el gobierno logró un cheque en blanco para muchos otros proyectos que no tienen nada que ver con la emergencia que estamos viviendo. Poco le llegará al verdadero necesitado y la mayoría quedará en manos de los buscadores de renta.

Milton Friedman, famoso economista de Chicago, solía decir que “en economía no hay tal cosa como un almuerzo gratis”, refiriéndose a los costos que implica cualquier medida del gobierno como los subsidios, por ejemplo. Alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Quién va a pagar la cuenta de esta ampliación presupuestaria, tomando en cuenta que el 100% de la misma vendrá de dos fuentes: deuda y de emisión monetaria?

Para que el gobierno pueda llevar a cabo la ejecución de su presupuesto necesita recursos. Esos recursos vienen principalmente de los tributarios, es decir, de los que pagamos impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos a través de los servicios o productos que consumimos, o bien a través de la disminución del capital para reinversiones que provienen generalmente de las utilidades. Mientras más altos sean, más sufre la población y el crecimiento económico se vuelve más lento. Incluso, puede llegarse a un punto en que sean tan altos que puedan ahuyentar las inversiones de capital, con lo cual se puede caer en una recesión.

El gobierno debería, entonces, en cualquier situación normal, ajustar su presupuesto de gastos a los ingresos tributarios. Para hacerlo debe apretarse el cinturón y aplicar medidas de austeridad. En este momento en que el mismo gobierno ha impedido a la población producir y ha forzado a todos a estar en sus casas, uno esperaría que también ellos redujeran sustancialmente su gasto en aquellas áreas que no tienen que ver con la pandemia.

Pero no lo hace, recurre siempre a una segunda fuente de financiamiento que compromete el bienestar futuro de los ciudadanos. Esto es, la deuda. La deuda, ya sea interna o externa, afecta a los guatemaltecos de varias formas. Primero, si es interna, afecta los fondos disponibles para las empresas y también la tasa de interés. Si es externa afecta el tipo de cambio, apreciándolo en el corto plazo y devaluándolo cuando hay que pagarla. La deuda tiene sus límites y Guatemala ya sobrepasó en ese límite, tomando en cuenta la deuda no reconocida al IGSS y al Banco de Guatemala, que en total viene siendo aproximadamente del 37% sobre el PIB y 340% sobre ingresos (https://trends.ufm.edu/articulo/verdadera-deuda-publica-guatemala/).

No le bastó al Congreso endeudarnos más al futuro a través de deuda pública, sino que aprobaron utilizar emisión monetaria. Esto es que autorizaron al Banco de Guatemala para financiar Q11,000 millones. El efecto que esto tendrá en el mediano y largo plazo sobre la economía no es más que un incremento de la inflación. No lo veremos en el corto plazo por la forma en que se mide la inflación, que está fuertemente afectada por otros factores como los precios del petróleo y sus derivados, los cuales han caído en un 60%, y por la paralización forzada de una buena parte de la actividad productiva del país. Pero de que esto es inflacionario, lo es. El dinero no es neutro y afectará, tarde o temprano, los precios de todos los productos. Lo preocupante es que destruirá el poder adquisitivo de los guatemaltecos, su capital, sus ahorros y sus ingresos, además de las terribles distorsiones que provocará en la asignación óptima de los recursos.