Los protagonistas de esa relación en torno a la cual se producen los “costos de agencia” se designan por los economistas como “el principal” y “el agente”. Estos dos protagonistas entran en una relación compleja y potencialmente problemática, a tal punto de que sus consecuencias pueden dar lugar a pérdidas cuantiosas y para intentar evitarlas es necesario incurrir en una serie de costos. Los costos de agencia.

Se trata de situaciones que probablemente a todos nos haya tocado experimentar en la vida. El principal formula una instrucción al agente para que se haga una cosa “X” pero termina haciéndose, misteriosa o incomprensiblemente para el principal, otra cosa “Y”. El principal formula un reglamento para que se gestione una actividad con fluidez y sin contratiempos, pero, incomprensiblemente para el principal, todos se quejan del tiempo que les han hecho perder y de por qué se exige una firma o presentar tal documento, etcétera.

A los problemas de agencia se les ha prestado mucha atención en materias como la gestión corporativa y empresarial, pero también en torno al problema político y de las administraciones públicas (por ejemplo Besley: 2006).

¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, hay docenas de artículos de académicos y de investigadores que dedican su vida a estudiar cómo reducir los costos de agencia, de modo que explicarlo en sesenta palabras es una tarea imposible. Sin embargo, pueden mencionarse dos o tres razones. En primer lugar, el lenguaje humano es imperfecto, puede ser equívoco y las mismas palabras pueden tener significados diferentes a la luz de circunstancias diferentes. En segundo lugar, los agentes tienen su propia agenda y puede que no coincida con los objetivos perseguidos por el principal. Y, por último, el principal y el agente no derivan las mismas ganancias de cada acción ni corren los mismos riesgos. Además de todo eso, están los problemas de la ignorancia, la falta de transparencia y la corrupción.

Todo esto viene a cuento del hecho que, sin duda alguna con la mejor de las intenciones, el Gobierno se planteó la necesidad de llevar cierto alivio de sus condiciones económicas a tres grupos de la población considerados incapaces de enfrentar la suspensión de actividades productivas. Así, si bien con una mano el Gobierno cierra la mayor parte de la actividad económica, con la otra gestiona los recursos para compensar a los afectados que, dada su condición de pobreza o de falta de liquidez (los pequeños empresarios), no puedan enfrentar por sí solos las consecuencias de dicha suspensión.

Pero esto no ocurre automáticamente. El pasado martes Prensa Libre informaba de cómo cientos de personas hicieron cola frente a varias municipalidades para registrarse, de modo que se les pagara el subsidio estatal. Obviamente el Gobierno no quería que se dieran estas aglomeraciones en las que los riesgos de contagio son mayores. Algunos alcaldes, que según el Gobierno debían haber contado con algún registro de los comerciantes informales (porque les cobran eso que algunos llaman “derecho de piso”), atendieron a los vecinos interesados pidiéndoles, según declaraciones de algunos, en defecto del DPI, un carné de afiliación al partido. Otros alcaldes simplemente ignoraban todo el proceso, según declararon.

La Contraloría General de Cuentas ha interpretado sus obligaciones legales –en Estado de Calamidad— en el sentido de verificar esos listados previamente. Mientras tanto, en otra municipalidad los vecinos amenazaban con entrar por la fuerza… Hago votos porque se vayan resolviendo estos problemas de agencia y que aquellos que esperan con ansiedad el subsidio pronto lo reciban.