Este martes 28 de abril, integrantes del sector justicia, miembros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) están convocados a una reunión en el Congreso para discutir más detalles del proyecto de ley que busca beneficiar con arresto domiciliar a los reos vulnerables a la pandemia.
El diputado Armando Castillo, vicepresidente del Congreso, afirmó que la excarcelación busca beneficiar a personas vulnerables a contagiarse de la nueva enfermedad como: adultos mayores, reos que padecen de enfermedades crónicas y terminales, mujeres embarazadas y con menores.
Además, afirmó que no buscan ningún beneficio personal y durante la reunión sabrán si la aplicación de la iniciativa es viable o no.
Tres analistas especializados en derecho, derechos humanos, sociología y criminología coinciden que los reos que son vulnerables al contagio pueden salir de prisión bajo criterios técnicos, los cuales deben ser discutidos con el sector justicia y los congresistas.
Para la exmagistrada de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y expresidenta del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang), Yolanda Pérez Ruiz, todas las iniciativas de leyes son políticas, pero el problema es que no son partidistas ni tampoco sectarias y una pequeña minoría de personas con dinero y poder quiere influir sobre los diputados que no están bien preparados.
“El querer beneficiar a la población reclusa con una medida de ese tipo dada la pandemia, no puede hacerse generalizada porque no saldrán a las calles las personas más peligrosas. Deben priorizarse el tipo de población que puede resultar afectada”, advirtió la exfuncionaria.
Pérez Ruiz apuntó que quienes podrían ser beneficiados son las personas que guarden prisión por tipos de delitos y el tiempo que estén recluidas. Además, recordó que quienes están en la cárcel por corrupción continúan encarcelados porque ellos mismos han dilatado los procesos para evitar enfrentar juicios y ser condenados.
“Han estado esperando coyunturas como estas (la pandemia) para resultar beneficiados con una reforma penal. Es importante además que haya una mayor agilidad en el sistema de justicia porque sino se hace, seguiremos teniendo hacinamiento en las prisiones”, recordó.
Bombas de tiempo
El sociólogo y criminólogo, Eddy Morales, exdirector del DGSP, explicó que la discusión de la iniciativa de ley debe ser en beneficio a la institucionalidad con visión a un futuro. Además, recordó que, con la crisis sanitaria del coronavirus, las cárceles son una bomba de tiempo por el hacinamiento, los riesgos que hay de fugas masivas, disturbios o que los reos tengan daños colaterales.
“La Comisión Nacional del Sistema Penitenciario debe evaluar no solo esta iniciativa, sino todas las iniciativas de orden político que afecten o ayuden al Sistema Penitenciario”, añadió Morales.
Actualmente, las 22 cáceles del país están hacinadas en más del 400 por ciento, hasta el pasado 27 de abril estaban recluidos 26 mil 258 presos en lugares donde solo caben seis mil 900. Además, los reos tienen más de un mes de no recibir visitas y durante la cuarentena dos internos han muerto electrocutados en Pavoncito y dos más ahorcados en Pavón.
Morales también indicó que, el sector justicia debe crear una mesa técnica para evaluar que reos bajo el tipo de delito y su peligrosidad social pueden salir de prisión. “Sino están evaluados estos criterios, no es convenientes, porque lo que va a suceder, es que muchas personas que tienen un alto perfil criminal aplique a esta iniciativa”, advirtió.
Riesgos de iniciativa
El catedrático universitario y defensor de los Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, analizó diversos riesgos que existe en la discusión de dicha iniciativa, ya que, los diputados no conocen a detalle cada expediente de los privados de libertad y pueden violentar la independencia judicial.
Asimismo, señaló que el beneficio puede ser aplicado en personas que no son vulnerables o que no necesiten ningún cuidado especial. Además, quitarle la obligación al SP de velar por la salud de los reos y cuidado en los centros de detención y que dicha legislación se vuelva permanente.
Mientras que la exmagistrada cree que la salida legal no debería ser una reforma al Código Penal y podría ser una ley específica y dedicada a la contingencia de la pandemia en las prisiones, porque es una medida extraordinaria y no pueden ser aplicada para siempre. Además, resaltó que el problema no es el Código, es quienes lo aplican como los fiscales y jueces.
Ruiz también explicó que otro camino legal para agilizar las excarcelaciones bajo criterios técnicos, se podría hacer por medio de una normativa específica dictada por el Congreso, porque así como existe peligro de discrecionalidad de los diputados al emitir leyes, también hay riesgo de discrecionalidad en los jueces al interpretar instrucciones administrativas, porque hay un grave problema para acatar disposiciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ al creer que existe una falsa idea de que van en contra de la independencia judicial.
