Pérez explicó a sus vecinos que médicos en la finca llevaron un control de cada trabajador, y en su caso, nunca fue diagnosticó con fiebre. Además, durante el viaje de regreso a Quiché, el bus que los trasladó se detuvo en cada puesto de control donde a cada persona se le tomó la temperatura; sin embargo, los comunitarios le exigieron cumplir el requerimiento o de lo contrario sería expulsado de Xeabaj con su familia.
El caso de Pérez se repite en varias comunidades de Quiché donde los alcaldes comunitarios en varios casos prohíben el ingreso de sus vecinos por temor al coronavirus.
Cada año por estas fechas cientos de vecinos de áreas rurales de este departamento retornan luego de meses de trabajo en fincas en la costa sur.
Gregorio Pop, originario de Chicamán, mencionó que sus familiares le advirtieron que la organización comunitaria no le permitiría ingresar al municipio.
“Esperaré en la cabecera municipal para dialogar con los líderes y me permitan el ingresó”, contó Pop.
Luis Daniel Reyes, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que los trabajadores son discriminados por sospechas de estar contagiados con coronavirus, y explicó que los vecinos salieron como cualquier guatemalteco a trabajar para ganarse el sustento de su familia ante la falta de trabajo en Quiché.
“Las comunidades tienen miedo y es razonable, pero eso no les da derecho a bloquearles la libre locomoción, además, dañan su autoestima y violan su derecho a trabajar”, concluyó Reyes.
Otto Macz, gobernador departamental, manifestó que se comunicó con el alcalde de Chicamán y le externó su preocupación por el trato que reciben los trabajadores que retornan de las fincas.
“Le mencioné que los trabajadores llevan un certificado médico donde consta que no están enfermos con el coronavirus y que es seguro su ingreso a las comunidades. Pedimos a las autoridades comunitarias que permitan a los personas llegar a sus viviendas y guarden su cuarentena, ellos no vienen del extranjero y consideramos que es un acto discriminatorio”, subrayó Macz.
