Giammattei señaló que los cambios que propondrá a la Constitución buscan “asegurar a los guatemaltecos que la próxima Corte Suprema de Justicia, que no importa que tome posesión el año entrante, pero ya debemos acabar de una vez por todas con la justicia en manos de personas que la han tenido como su feudo”.
“Lo hemos denominado el inicio del consejo de estado, en donde haremos la presentación de los cambios que queremos hacer para que ahorita, antes de que sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia, entremos en el proceso de reforma constitucional”, explicó.
Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, Roberto Molina Barreto exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional (MCN) coinciden en la importancia de los cambios a la constitución. Mack considera que primero se debe cumplir con la sentencia emitida por la CC. Molina Barreto cree que es inoportuna esta discusión, mientras que Echeverría señala que se debe velar por la institucionalidad del Organismo Judicial.
No es la primera vez que se intenta hacer una reforma al sector justicia, la más reciente fue la que se discutió en el 2016 y que no avanzó a pesar de que se había iniciado desde la sociedad civil, y que había contado con el apoyo de los tres poderes del Estado y con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana.
Otros años ha habido proyectos como el de Proreforma y otros. El último cambio fue el aprobado en 1993, cuando se separó el MP y la Procuraduría General de la Nación, también la propuesta presentada por la Universidad Rafael Landívar, Usac y Asies la cual llegó a dictamen favorable.
Propuesta
La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.
Cada grupo nominador elegiría a un magistrado para cuatro años, uno para un periodo de siete, y otro para 10 años; se permitiría la reelección, pero solo por diferente órgano elector.
A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la Corte Suprema se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.
Para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe de tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial. Se prevé también una reforma a la Ley de la Carrera Judicial.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que la propuesta tiene cosas muy positivas, amplía la carrera judicial hasta las Cortes de Apelaciones, se incluye el Consejo de la Carrera Judicial y se eliminan las comisiones de postulación.
“Establece una elección escalonada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se centra en la carrera judicial, el plazo en la magistratura y la edad de jubilación. Seguramente van a haber críticas que no solo se refieran a la integración de la Corte respecto a la forma en que se integrará, pero así como se den las críticas, esperamos que hayan contrapropuestas”, refirió la experta.
Propuesta inoportuna
Molina Barreto, exmagistrado de la CC, calificó de inoportuna una iniciativa de reforma constitucional en este momento “porque estamos en medio de una crisis de salud tremenda que de alguna manera inhibe un debate y un análisis serios”.
“Es un error que sea a una reacción a dos sucesos, el primer suceso, por un escándalo alrededor de Gustavo Alejos, cuya investigación está en proceso y no se tiene un resultado concluyente. El segundo suceso, por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad absolutamente contraria a lo que ordena la Constitución”, expuso.
El experto considera que no hay un ambiente para hacer una discusión seria respecto de una reforma. “Es posible que sí sea necesario hacer una revisión, pero no creo que sea el momento para hacerlo, considero que es un error iniciar este tipo de debate en este momento”, resaltó el exmagistrado.
“No se puede garantizar el cien por ciento de la pureza de un proceso de elección, no podemos obviar que siempre hay un aspecto político en la elección de cualquier funcionario, pero este es un problema cultural y me refiero a mucha confrontación y resentimiento que ha provocado una confrontación ideológica y este ambiente no nos deja de una manera seria resolverla”, expuso Molina Barreto.
Helen Mack coincide en que es necesario hacer una reforma constitucional, pero que estos sectores que ahora quieren promover una reforma son los que se han opuesto. “Creo que hay una necesidad real de hacer una reforma al sector justicia, lo que se pregunta uno es ¿qué hay detrás de todo esto y lo que quieren es que esta corte continúe? Tomando en cuenta que esta Corte Suprema de Justicia es fruto de una negociación política entre Manuel Baldizón y Alejando Sinibaldi.
“Con esta corte se sienten muy cómodos porque aprobar una reforma constitucional significa que esta corte se queda y que tiene que haber un referéndum para hacerlo y mientras transcurre todo el periodo logran quedarse estos mismos”, expuso Mack.
Añadió que por todos los problemas que hubo en las comisiones de postulación “no pasaron muchos de los garbanzos negros y por eso ahora el Tribunal Supremo Electoral se está convirtiendo en el enclave de los corruptos de los que no lograron pasar”.
“La sentencia de la Corte de Constitucionalidad debe cumplirse, la prueba a un estado de derecho va a pasar con dar cumplimiento de la sentencia de la CC, independientemente si se da una reforma constitucional. Quieren llegar los que ellos quieren, pasarían lo que se quedaron afuera y por eso es por lo que están atacando el informe circunstanciado del MP son demasiados cínicos”, puntualizó Mack.
Echeverría del, MCN, considera que el punto de partida debe ser velar por la institucionalidad y primero elegir a los magistrados de CSJ y de Apelaciones, luego determinar si va a ser necesario o no una consulta popular, tomando en cuenta la emergencia que hay en el país por la pandemia.
“Consideramos que el punto a fortalecer es la independencia judicial y también la independencia de los procesos para que no se puedan favorecer a los diferentes grupos o intereses políticos, sino que siga un mecanismo de certeza jurídica”, señaló Echeverría.
“Recordemos que hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas del último intento de reforma, y para que sea exitosa debe haber un consenso en la sociedad y en el ámbito político y determinar cuáles son los puntos para tratar y no separase para que tenga éxito”, resaltó.
