La exparlamentaria dice que los constituyentes que crearon los artículos de la Constitución Política de la República (1985) relacionados con dicha Ley lo hicieron “con el mejor espíritu de generar una especie de filtro para evitar que el Congreso de la República eligiera directamente, como ahora, nuevamente, se pretende hacer”.
Dicha Ley también rige la elección de otras instituciones como el Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) y Tribunal Supremo Electoral (TSE). “La Ley no es mala, sino que hubo interferencias externas que desvirtuaron el proceso de selección de candidatos, lo cual es muy lamentable”, afirmó.
El presidente Alejandro Giammattei anunció el 2 de junio que daría a conocer el plan de reforma constitucional al sector justicia, el cual incluirá la eliminación de las comisiones de postulación para elegir funcionarios judiciales.
¿Considera positiva una reforma constitucional para el sector justicia, tal como lo ha mencionado el presidente Alejandro Giammattei?
Tendría que ser una reforma constitucional exclusiva para el sector justicia, dada la coyuntura actual, para no abusar e ir más allá. Estoy de acuerdo, pero habría que ver qué tipo de reformas se tratan de impulsar para quitar las comisiones de postulación que están en la Constitución Política de la Republica en las reformas que hicieron a los artículos 215, 217, 233 y otros.
Quitar las comisiones podría ser una opción porque lamentablemente, no las comisiones como tales, sino quienes las han integrado se han ido pervirtiendo con actitudes que efectúan fuera del espacio público donde deben reunirse. Lo único que hasta el momento he escuchado es que se eleve de 13 a 15 el número de magistrados y que los elijan directamente el presidente, el Congreso de la República, el Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades.
¿Qué inconvenientes ve en este formato?
Las facultades de Derecho, lamentablemente, no todas por supuesto, tienen un arraigo histórico de más de 50 o 100 años de funcionar, pero violentando el sistema de educación superior se han creado una serie de universidades con facultades de Derecho, que lamentablemente dejan mucho que desear para la academia y me parece que para incluirlas deberían llenar un requisito muy bien analizado de que tengan por lo menos cuatro promociones de egresados y más de 15 años de existencia. Si nos damos cuenta se han creado facultades de Derecho con el solo objetivo de tener votos e incidir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ y de Apelaciones.
¿Sería uno de los grandes inconvenientes de este sistema de elecciones?
Cuando incluyeron las comisiones de postulación en los artículos constitucionales los constituyentes lo hicieron con el mejor espíritu de generar una especie de filtro para evitar que el Congreso eligiera directamente, como ahora se pretende hacer nuevamente. Se pretendía que hubiera un colador académico que lo efectuara con objetividad, tecnicismo y profesionalismo, pero lamentablemente vemos que el ser humano debe tener controles porque sino se desvirtúa.
Nosotros trabajamos y desarrollamos lo que ya existía en la Constitución Política y creamos las comisiones de postulación, precisamente, para controlar a los colegios de profesionales, tanto en el caso de abogados, como en el de elección de Contralor General de Cuentas con los auditores y contadores, para que, por primera vez, la sociedad civil participara, porque nunca había habido auditoría social, porque se creía que era una cuestión exclusiva de los académicos designados en la Constitución y de los diputados o el presidente, pero nunca se pensó en el ciudadano.
Cuando planteamos la Ley de Comisiones de Postulación lo primero que pensamos fue: aquí se necesita una auditoria social y que la sociedad pueda estar presente en todos los actos de la Comisión, desde el día que se instaure hasta el día que entrega la lista de aspirantes. Y como algo novedoso agregamos como que la sociedad civil también pudiera poner tachas de lo que pudiera ser comprobable lo cual tendría que corroborarse a través del Ministerio Público (MP) los colegios de profesionales, la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones, así como el derecho del señalado de presentar sus respuestas o descargos.
¿Considera que el sistema de comisiones de postulación caducó?
Si encuentran un mecanismo idóneo estaría de acuerdo en que se eliminen de la Constitución Política las Comisiones y con esto la ley ordinaria también desaparecería. El problema no es que la Ley sea mala sino que se pervirtió el proceso por otra clase de aspiraciones y la sociedad civil no puede tener ojos para las reuniones que se hacen fuera del espacio público, pues la Ley establece que las comisiones deben tener un espacio específico, horarios e informar dónde se van a reunir, incluso, plantea un perfil ético, académico, de proyección humana, que antes no había, entonces, el esfuerzo se hizo.
Quizá se deberían de hacer solo modificaciones a Ley de Comisiones de Postulación o si deciden reformar la Constitución que sea solo en el sector justicia con mecanismos idóneos en donde no se repita lo mismo, porque están proponiendo nuevamente que los decanos de las facultades de Derecho elijan a magistrados de la Corte y que hacemos si el ente rector de la educación superior ha dejado que existan equis cantidad de facultades de Derecho que han generado un problema. El buen abogado que egresa de aquellas facultades de Derecho de renombre y arraigo histórico se ven descalificados por universidades de reciente creación cuyos pensum habría que revisar, entonces volvemos a lo mismo, con o sin ley de Comisiones, la situación no va a cambiar.
Algunos juristas dicen que es suficiente hacerle cambios a Ley de Comisiones, sin necesidad de cambiar la Constitución, ¿Qué opina?
Yo no veo mal que se lleve a cabo una reforma constitucional, pero que no sea un pretexto para pretender hacer reformas más allá del sector justicia y también que no se use para no cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dice que entre el 17 y 20 de junio se deben elegir a los 13 magistrados de CSJ, porque se está violentando la Constitución Política de la República desde octubre del 2019, ya que los magistrados están en un ejercicio sui generis pues ya no le corresponde tomar decisiones, y yo entendiendo que están planteando las reformas constitucionales como un mecanismos para que continúen los mismos lo cual sería muy delicado.
Ahora la CC ya mandató la elección de magistrados, el MP ya dio su informe, por lo que lo único que queda es que los diputados a viva voz elijan a las personas que consideran reúnen las características de idoneidad, probidad y todo lo que hasta hoy día rige en la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.
Considera que, dado todo el procedimiento ordenado por la CC y el interés del Congreso, ¿Estamos cerca de tener nuevos magistrados?
Yo si veo que hay condiciones, lo que falta es voluntad política. Las Comisiones ya cumplieron con su función y entregaron la lista de 26 aspirantes, creo que hay uno que renuncio pero ni siquiera es real porque no existe nada formal, por lo que esto no altera ni el producto, ni el proceso. La elección la está mandatando la CC y no hacerlo es caer en desobediencia con la máxima autoridad en materia constitucional.
Y lo que es más, el MP ya manifestó las características de los que están participando como candidatos a magistrados para darles elementos de juicio a los diputados y que durante 20 días los dignatarios analicen los reparos hacia algunos aspirantes y bajo conciencia y a viva voz tendrán que hacerlo o no votar, pero de que la votación se tiene que dar, se tiene que dar.
¿Cree que las posibles reformas se deben socializar más allá de los que han asistido a la Casa Presidencial?
Ese es el reclamo que he escuchado y creo que como un acto de total de honestidad es importante que toda la sociedad guatemalteca conozca qué es lo que se pretende reformar de la Constitución, el no hacerlo genera esa actitud de secretismo que nos ha caracterizado como país y provoca dudas y especulaciones.
Todos tenemos derecho a saber cuáles son las reformas, no precisamente asistiendo a en ese espacio físico, y los tanques de pensamiento deben hacer contrapuestas si las propuestas no fueran las más idóneas, por ejemplo, la forma directa para nombrar que tendría el presidente, diputados, colegio de Abogados y los decanos, ahí veo ciertas aristas para discutir.
Si el Congreso de la Republica aprobar las reformas constitucionales, ¿Cuál es su opinión del siguiente paso que sería la Consulta Popular, dado la poca confianza de la población hacia los políticos?
Creo que para demostrar una verdadera voluntad política se debe proceder a la elección inmediata de los magistrados de la CSJ y de Apelaciones en los plazos que la CC especificó, tomando en cuenta lo que el MP expuso y haciendo un análisis reflexivo de a quiénes tienen que elegir y expresarlo a viva voz tomando en cuenta que tenemos un sistema de justicia desestructura y debilitado que requiere que los nombrados cumplan con los perfiles que expresa el artículo 113 constitucional, esta sería la primera prueba de confianza y de fuego.
Algo importante es entender que si las cosas se comienzan a hacer en un ambiente medio extraño va a generar desconfianza y hay que recordar que se necesitan 107 votos y después la consulta a la población y si desde ahorita no se genera esa confianza no le veo futuro. Otro elemento, que de entrada las haría fracasar es si le agregan otros cambios que solo se discuten fuera de plaza, sin que la población se entere.
¿A qué atribuye el fracaso al actual sistema de comisiones?
El Derecho es dinámico y cambiante, nada puede permanecer por las transformaciones de las sociedades. Lo que pudo haber sido efectivo y factible rápidamente le encontraron salidas alternas y secretas para que hubieran interferencias externas que desvirtuaron el proceso de selección de candidatos, lo cual es muy lamentable. Esto no significa necesariamente que la ley sea mala o lo que dice la Constitución, son las personas agentes externos los que a veces buscan decidir para tener un OJ u otras instancias sometidas y ese es el gran problema, pues mientras no haya independencia en la aplicación de la justicia no podemos hablar de una democracia real y efectiva, ni institucionalidad.
