Justicia

Tribunal otorga medida sustitutiva a siete personas juzgadas en caso de corrupción en Chinautla

Debate está en fase de conclusiones, pero se detuvo a causa de la emergencia por el coronavirus.

Por este caso serán juzgadas 18 personas vinculadas a la muni de Chinautla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por este caso serán juzgadas 18 personas vinculadas a la muni de Chinautla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Siete personas implicadas por el caso de corrupción Municipalidad de Chinautla: Un negocio de familia recibieron medidas sustitutivas del Tribunal de Mayor Riesgo C, que preside el juicio.

En este caso es juzgado Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla.

Las siete personas beneficiadas son Oscar Noe Cajero Bautista, Alba Lissete Fabián Barrera, María Luisa Osorio Vasquez, Samuel Escalantes Vásquez, Esau Alonzo Cajero Bautista, Héctor Adolfo Aguirre Vásquez y José Lizandro Mendizábal.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que destaparon el caso, determinaron que en esa comuna al frente de Medrano hubo una estructura de corrupción con el fin de beneficiarse del dinero público mediante obras.

Los beneficios se otorgaron con cauciones de Q50 mil a Q4 millones a seis acusados y solo a uno se le dictó arresto domiciliario.

A Gustavo Adolfo Soto Osorio fue al único que se le negó medida durante la audiencia, según la investigación él fue el contador de seis compañías vinculadas a Medrano, exjefe edil de Chinautla.

El juez Pablo Xitumul basó su decisión de dictar beneficios a los siete causador porque determinó que no hay “peligro de fuga” y “obstaculización de la verdad”.

La caución la fijó Xitumul de manera “proporcional al dinero supuestamente defraudado” que habrían administrado cada uno de los acusados.

El juicio quedó detenido en marzo de este año en la fase de conclusiones. El día 12, el MP pidió 26 años de cárcel y una multa de Q25 millones contra Medrano.

Cabe mencionar que un día después se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala y forzó a la suspensión de actividades en el sector público, incluida la justicia.