El juez de Columbia, Timothy Kelly, quien fue designado para la magistratura federa por el presidente Donald Trump en 2017, dictaminó que la política del Gobierno bajo la cual quienes piden asilo tienen que esperar la respuesta en un tercer país viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y los procedimientos para cambios en las reglas.
En su resolución de 52 páginas divulgada la noche del martes, Kelly señala que el Gobierno, al imponer la regla de “tercer país”, no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para presentar sus opiniones sobre las modificaciones a las reglas federales.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, “se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo”.
Miles en la frontera
En enero del 2019 EE. UU. implementó el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, en inglés) mediante el cual los solicitantes de asilo eran retornados a México si pretendían presentar su caso de asilo ante una corte estadounidense.
Según datos compilados por la universidad de Syracuse, Nueva York, de esa fecha hasta mayo pasado, mediante esta medida se envió a las ciudades fronterizas mexicanas a 65 mil 246 personas, entre ellos 15 mil 763 guatemaltecos.
Los migrantes devueltos a México han tenido que esperar en ese país la resolución de sus peticiones de asilo que en la mayoría de las ocasiones son negadas. De las más de 65 mil solicitudes solo han concedido 545.
Hacia Guatemala
En julio del año pasado el Gobierno estadounidense siguió con su política de limitar la llegada a su país de solicitantes de asilo, de esa forma el 26 de ese mes se firmó el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés) con Guatemala mediante el cual comenzaron las deportaciones de salvadoreños y hondureños a suelo nacional.
Las deportaciones comenzaron el 21 de noviembre pasado y a la fecha se contabilizan 939 personas enviadas a Guatemala, 579 de Honduras y 360 de El Salvador, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración.
Del total, apenas 20 personas formalizaron sus solicitudes de asilo al Estado de Guatemala. El resto regresó a sus países de origen por medio del Programa de Retorno Voluntario de la Organización Internacional para las Migraciones, o bien sea por su propia cuenta.
ACA se retomará
La decisión del juez Kelly se produjo un día después de que Ken Cuccinelli, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE. UU., asegurara el pasado lunes (29 de junio) que el ACA se retomaría cuando mermara la emergencia.
A raíz de la entrada del nuevo coronavirus a Guatemala este programa se encuentra en suspenso desde marzo pasado.
“Estamos trabajando con Guatemala para garantizar que podamos reiniciar el programa cuando sea seguro hacerlo”, aseveró Cuccinelli para quien, durante los meses que se implementó el ACA fue “eficaz”.
Añadió que han trabajado “muy de cerca” con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei “para garantizar que estemos listos para avanzar con una implementación gradual que no abrume el sistema de asilo guatemalteco”. “Planeamos reiniciarlo cuando el covid-19 se calme”, aseveró.
Buena decisión
Grupos promigrantes celebraron la resolución y la calificaron como una “victoria”.
“La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí”, dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
Añadió que “lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas”.
Caroline Walters, abogada del Consejo de Inmigración de los Estados Unidos (AIC, en inglés), aseveró que con la decisión del juez Kelly “los solicitantes de asilo que viajaron a través de un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos y no solicitaron asilo en ese tercer país -ahora- son elegibles” para optar a ese alivio migratorio.
No obstante, reconoció que la decisión del juez puede ser apelada y “es probable que el Gobierno lo haga”.
Hasta entonces, la regla “no puede aplicarse a los solicitantes de asilo” que viajen a través de un tercer país y no hayan solicitado protección en este.
El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de covi-19; no obstante, la ONU ha advertido que la pobreza que se ha agudizado a raíz de la pandemia puede empujar la migración en el futuro.
De cualquier forma, el dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes, pocos días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700 mil personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El ACA fue uno de los acuerdos que alcanzó a firmar la administración del expresidente Jimmy Morales; sin embargo, podría ser derogado de facto si se mantiene el fallo judicial del juez Kelly.
