“De estos recursos -Q11 mil millones- quedarían unos Q1 mil millones que podríamos utilizar para fortalecer los programas que sí funcionaron, y esto es un tema que se tocó en el Gabinete de ayer (martes). Yo soy el más interesado en que esos programas se ejecuten porque tenemos los recursos”, dijo González Ricci durante una citación con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El jefe de esa bancada, Carlos Barreda considera que el monto de recursos que no se utilizaría sería mayor, entre estos Q1 mil 500 millones en programas asignados al Ministerio de Economía, y los cuales, agregó, podrían ser trasladados al programa Bono Familia. De esa cantidad unos Q400 millones serían para apoyo a las Mipymes.
González Ricci manifestó que el Bono Familia es un programa positivo el cual se podría aumentar. Agregó además que el Ministerio de Economía sí ejecutaría los Q400 millones mencionados por el parlamentario. A la fecha, dijo el ministro el programa que le preocupa son los créditos pequeños de Q250 mil, pero que, por medio de un convenio, Banrural ya solicitó recursos para otorgar préstamos de ese programa.
El titular de la cartera del Tesoro indicó que esa readecuación tendría que llegar al Congreso ya que los montos tienen un destino específico y solo el Legislativo puede aprobar el cambio para sumarlo esos recursos al programa Bono Familia.
Barreda reclamó que otros Q100 millones, Q50 millones al Ministerio de Agricultura para economía familiar y Q50 millones al Ministerio de Trabajo para apoyo a las personas de la tercera edad tiene cero por ciento de ejecución.
“Qué bueno que cambiaron al ministro, ojalá que ahora haya una mejor ejecución de ese programa. La última vez se informó que solo estaban revisando expedientes, pero no se ha ejecutado, ahora hay 10 mil personas que reciben un bono de Q400 de hace años”, dijo Barreda.
¿Qué problemas hubo para ejecutar el fondo de protección al empleo?
Según el parlamentario Carlos Barreda, parte de los problemas que enfrentó el fondo de protección del empleo es la falta de coordinación de los ministerios de Trabajo, de Economía y el CHN, por lo que considera que las empresas no se enteraron a tiempo esa ayuda para los empleados y optaron por despedir personal en lugar de suspenderlo.
Además, muchas empresas no llenan los requisitos de pagos de planillas del IGSS o están atrasadas y no pudieron hacer uso de esos programas mientras que otros podrían no tener solvencia fiscal, según comentó.
El parlamentario dijo que el gobierno esperaba poder cubrir a 350 mil trabajadores con un pago de Q2 mil 250 mil por tres meses, pero la demanda de suspensiones no ha llegado ni a la mitad por lo que según estimaciones del gobierno unos Q1 mil millones quedarían sin usar.
- Según datos del Ministerio de Trabajo, actualizados al 30 de junio del 2020, se recibieron 19 mil 196 solicitudes para suspensión de contratos de trabajo que representan 153 mil 252 empleados.
- De estos han sido autorizados 17 mil 574 solicitudes por 146 mil 827 empleados.
- En el Congreso, el presidente del Banguat, Sergio Recinos indicó que según datos del IGSS actualizados al 30 de abril se perdieron unos 60 mil empleos, y según Barreda esos números pueden llegar a 120 mil cuando el seguro social actualice los datos de mayo y junio.
Las restricciones de labores empezaron el 17 de marzo.
Ahora el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci ve la posibilidad de pasar esos fondos para cubrir a más personas con el bono familia, en tanto la bancada de la Une pidió que se incluya a los desempleados, quienes fueron despedidos estos meses de emergencia y trasladarlo al trabajador por vía de un programa de seguro desempleo por tres meses, según comentó Barreda.
Lentitud no ayudó, dice sector empresarial
Nils Leporowski, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que el problema principal de todos los fondos de mitigación, incluyendo el fondo de protección del empleo, es que empezaron a funcionar muy tarde.
En el de protección al empleo, comenzaron a pagar con casi dos meses de atraso, aunque ahora ya están al día, muchas empresas ya habían tomado la decisión de despedir en lugar de suspender debido a esa tardanza, agrega el directivo.
Leporowski opinó que la definición de beneficiarios se debió haber hecho a través de los pagos de las cuotas del IGSS ya que esa entidad tenía el banco de datos y toda la infraestructura, sin embargo, recordó que decidieron hacerlo por medio de los ministerios de Economía y de Trabajo y se tardaron mucho en la generación del programa para la solicitud de suspensiones.
Además, mencionó que detectaron que varias empresas, principalmente para las de turismo como los hoteles, no pudieron optar al fondo para sus trabajadores porque era uno de los sectores exentos de la restricción para operar, por lo que les fue muy difícil aplicar debido a las limitaciones que establecía el procedimiento.
También pudo haber afectado el requisito de presentar la planilla de IGSS y la posibilidad de verificaciones posteriores.
Hubo despidos y no son cubiertos por el fondo, refirió el sector sindical
Adolfo Lacs, directivo del sector sindical dijo que la baja demanda de beneficiarios del fondo de protección con respecto de lo que se esperaba se debe a varias razones.
Una de estas es que el país nunca dejó de trabajar totalmente porque no hubo una cuarentena total como lo implementaron otros países. Los sectores cerrados son el de transporte y centros comerciales principalmente, pero fábricas, centros de llamadas, empresas y comercios están operando.
Agregó que muchas de las empresas que cerraron operaciones son empresas menores de tres trabajadores, pero muchas optaron por despedirlos, y otras decidieron no efectuar suspensiones de contratos laborales debido a que son empresas pequeñas o familiares que no tienen una estructura ordenada.
“En algunos casos no se optó por la vía de la suspensión de contratos de trabajadores porque, existe mucha informalidad de empresas pequeñas con falta de estructura organizativa y prefirieron despedir personal” dijo Lacs.
De haber cubierto a las personas despedidas, se hubiera sobrepasado la cifra de 400 mil personas, añadió.
Sin embargo, mencionó que es necesario ser cauteloso y no pasar los Q1 mil millones al fondo bono familia, porque podría necesitarse porque hay empresas que necesitan acogerse suspender personal o se podría ampliar el plazo del cierre de ciertas actividades.
Además, según Lacs, se deberían pasar Q100 millones para el programa de adultos mayores.
Expectativas por el cambio de ministro de Trabajo
Giammattei relevó a Rafael Lobos Madrid como ministro de Trabajo y nombró a Rafael Rodríguez Pellecer este 1 de julio. También fueron cambiados los viceministros.
Respecto a los cambios en el Ministerio de Trabajo, el diputado Barreda dijo que están a la expectativa, pero que consideran que Rodríguez es una persona joven y dinámica, conocido por su labor en derechos humanos y justicia.
Consideró que el cambio era necesario ya que el anterior funcionario, Rafael Lobos Madrid, no desempeñó el cargo a de forma adecuada. Aparte del fracaso de programa de protección del empleo tampoco tiene ejecución de los fondos del programa de adulto mayor, al cual se le asignaron Q50 millones y “le faltó dinamismo para proponer, reactivar propuestas y ejecutar”, dijo el parlamentario.
Barreda comentó que varios de los ministerios están enfrentando ese problema, además del de trabajo, también los enfrentaron el de Salud y el de Agricultura con los funcionarios que fueron cambiados hace pocas semanas.
“Hay desconocimiento de administración pública, como los equipos de los ministerios de Salud, de Trabajo y el primer equipo de Agricultura, además de pugnas de poder. Aunque todo lleva un aprendizaje se necesitan equipos más preparados para ejecutar”, dijo Barreda.
Respecto al cambio de ministro de Trabajo, el presidente del Cacif lo calificó como un buen cambio. “Veíamos cierto letargo en el Ministerio de Trabajo, no veíamos que estuvieran funcionando los programas, es un buen cambio” dijo Leporowski.
El nuevo ministro deberá trabajar para crear facilidades para que las empresas puedan comenzar a contratar.
Agregó que otro problema que ahora deberán enfrentar las empresas es el pago del bono 14, ya que muchas están descapitalizadas, por lo que se debió haber buscado una opción de diferir el pago en varios meses.
Lacs hubo deficiencias en el ministerio, adicionales a los problemas que ya existen en esa entidad.
Entre los temas prioritarios que deberá atender el nuevo funcionario son el dialogo social, el cumplimiento de la legislación laboral, impulsar acciones para la protección de los trabajadores del covid-19 en las empresas y una reestructuración profunda del Ministerio de Trabajo en beneficio de la legislación.
