Solo la última propuesta había salido a la luz y no ha sido del agrado de algunos sectores que consideran que la misma podría ser la llave para que personas involucradas en procesos de posible corrupción evadan a la justicia, argumentan lo anterior por sospechar que la sugerencia de ley podría ser muy amplia y a favor de sectores poderosos.
Valdés no respondió a otras preguntadas que buscaban profundizar en las cinco iniciativas restantes, pero los títulos de cada una de ellas hacen referencia a aspectos puntuales dentro del ejercicio judicial de nuestro país.
La Ley de Mediación haría referencia a procesos de conciliación; el Ante Proyecto del Código Procesal Laboral vendría a desarrollar una serie de normas al ámbito laboral; la Ley de Notificaciones Electrónicas podría mejorar o ampliar dicha práctica que ya está vigente en algunas instancias de justicia, la Ley de Vídeo audiencias fomentaría diligencias a distancia y la Ley de la Ínfima Cuantía haría modificaciones al proceso en que se desarrollan las demandas civiles donde el monto en discusión no supera los Q100.
Posible comisión
Cuando el pleno de la CSJ termine de fijar algunos aspectos pendientes del paquete de iniciativas deberá de entregarlo al Organismo Legislativo para que la Comisión Permanente, si es en periodo de receso, o incluso la Junta Directiva, si ocurre en periodo ordinario, designe una comisión de trabajo para que las propuestas sean evaluadas y reciban un dictamen.
Por ser iniciativas relacionadas al ejercicio judicial podría llegar a la Comisión de Reformas al Sector Justicia que se encuentra presidida por el diputado Otto Callejas, quien forma parte de la bancada del partido político Todos y quien aseguró su abordaje dentro de la mesa de trabajo sería como el de cualquier otra propuesta.
“Nosotros normalmente lo que hacemos es citar a audiencias públicas a las instituciones que estén involucradas en el tema, las escuchamos y les pedimos que apoyen si tienen algunas observaciones o cambios que consideren necesarios para el bien de la ley”, explicó Callejas.
El diputado considera que la tensión judicial que existe entre la CSJ y la Corte de Constitucionalidad (CC), que a su vez involucran al Congreso y al Ministerio Público (MP) no es un impedimento para conocer un paquete de leyes de este tipo.
“No afecta en nada porque nosotros hemos seguido con nuestro trabajo normal, aparte es la situación de las Cortes y aparte es el trabajo de la Comisión”, comentó.
Junto a Callejas integran la Comisión de Reformas al Sector Justicia nueve diputados, entre algunos podemos citar al congresista Felipe Alejos, quien ha recibido constantes fallos a favor de la CSJ quienes han evaluado una solicitud de antejuicio en su contra por aparentes actos de corrupción.
En la mesa de trabajo también se encuentra la diputada Sofía Hernández del bloque UCN y Carlos López de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ambos legisladores mencionados en una investigación del MP por hacer visitas a Gustavo Alejos en el marco de la integración de nóminas para candidatos a ocupar las máximas magistraturas del Organismo Judicial (OJ).
Momento oportuno
Aunque las propuestas aun no sean públicas el Movimiento Cívico Nacional (MCN) considera que este paquete de leyes está llegando en el momento oportuno, afirmando que la crisis que está dejando el nuevo coronavirus ha agudizado problemas estructuras dentro del sistema judicial que son necesarios ponerles un alto y una solución.
“Para la recuperación económica que va a ser necesaria en el país para el desarrollo individual y lograr paz social el acceso a la justicia es fundamental ahorita hubo una pausa o limitación al acceso a la justicia lo cual es preocupante y se debe de recuperar de una forma integral para solucionarlo en brindar un buen acceso y recuperar la mora judicial que se ha ido acumulando en estos meses”, explicó José Echeverría, presidente ejecutivo del MCN.
Por su parte Nils Leporowski, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifestó que cualquier esfuerzo que venga a reforzar al sistema judicial es positivo para el país.
“Todos sabemos que la problemática que hay específicamente en el congestionamiento de las cárceles del país que eso de alguna manera hay que ver que ya se ha tratado hasta con el Procurador de los Derechos Humanos la violación a los derechos de los sindicados que pasan más tiempo en prisión preventiva que la misma condena, el momento tal vez nunca va a ser el mejor pero todo lo que sea para mejorar hay que hacerlo”, enfatizó.
En el mismo sentido opinó el exmagistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, quien estima que aunque la CSJ estuvo desde hace varios años en el cargo tienen la potestad de presentar iniciativas en este momento porque su ampliación fue por una resolución Constitución y no una imposición de los funcionarios, haciendo que el momento en que se presente el paquete de leyes sea ideal.
“Es pertinente y más cuando pueden hacer beneficios procesales a favor de los procesados, sean los delitos que la ley lo permite para brindar medidas sustitutivas, para evitar el fallecimiento de las personas es un valor agregado al sistema democrático y al respeto a la vida humana”, refirió.
Despierta dudas
Algunos sectores de la sociedad civil están de acuerdo que existe una necesidad para modernizar el sector justicia, aunque resaltan que el escenario actual no es el más indicado tomando en cuenta la disputa entre las Cortes y la desobediencia de un Congreso ante un fallo Constitucional que se da en el marco de la elección de las próximas autoridades judiciales.
“Desconocíamos que fuera un paquete porque únicamente se ha hablado de esta iniciativa para el tema de los privados de libertad y eso sí creo que es parte de acciones que van en contra de las reglas y normas que hasta ahora se han seguido y vemos bien complicado que se den en el marco de la pandemia sin que haya mayor capacidad de reacción teniendo encima la crisis institucional”, manifestó Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (Iepades) e integrante del Pacto Ciudadano.
Quien también tiene sospechas es Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC) quien considera que un plan tan ambicioso a favor de la justicia en un momento como este lo más que necesitaría es publicidad para socializar los esfuerzos.
“Ojala que no sea una norma que vaya a beneficiar a personas que han sido señaladas por temas de corrupción y que ese paquete sea la fórmula para poder justificar una medida que pueda generar algún tipo de impunidad y ese es el cuidado que se tiene que tener”, citó Cux.
