Los contagios entre los trabajadores y la muerte del Juez de Instancia Penal de Turno de Chiquimula, Noé Rivas Chamo, preocuparon aún más a los jueces y magistrados, por lo que la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) por medio de un comunicado pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que velen y garanticen el cuidado y protección por el nuevo coronavirus entre los funcionarios y trabajadores de la institución.
Belgica Deras, presidenta de la AJMOJ, contó que la situación para algunos jueces es grave, tal es el caso del juzgador de Paz de San Marcos que se quedó en su judicatura en cuarentena por decisión propia, luego que se confirmaron contagios en el lugar y por lo mismo no quiso exponer a su familia. “Al inicio de la pandemia, la justicia recaía sobre los jueces de Paz estaban soportando todo el peso de la Ley porque no se podía cerrar por completo”, señaló.
Hasta el pasado 6 de julio, Deras explicó que tenían conocimiento de que 12 funcionarios –entre jueces y magistrados—están infectados; Mario Siekavizza, vocero de la institución, fue consultado al respecto de cuántos casos se registran en la institución, dio a conocer los datos, pero indicó que “por respeto a las personas afectadas y por tratarse de información personal, no se dan a conocer los datos específicos ni referenciales”.
Entre las medidas concretas que han solicitado los jueces a la CSJ también están las económicas. Deras explicó que el pasado 15 de junio pidieron un apoyo económico, no especificó de cuánto porque lo dejan a decisión de los magistrados, para los jueces y magistrados que son diagnosticados clínicamente de covid-19.
Asimismo, señaló que pidieron también la contratación de un seguro médico temporal —mientras dura la pandemia—para los funcionarios porque están en riesgo de contagiarse y los hospitales públicos están saturados.
“Tenemos sentimientos encontrados de dolor (por la muerte del juez), la impotencia de saber que nos pueden dar ese bono y un seguro temporal y lo estamos peleando ahorita”, indicó Deras.
Falta de liderazgo
Carlos Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad, explicó que desde marzo por medio de dos comunicados han solicitado a la CSJ que adopten medidas de seguridad para proteger a su fiscal. “Hay un segundo comunicado donde le reclamamos a la presidencia del Organismo Judicial porque veíamos que las medidas no eran eficaces”, aseveró.
Con respecto a la situación, Ruano afirmó que no han tenido el apoyo esperado de la presidencia de la institución, por lo que cree que durante la pandemia les ha faltado liderazgo. Asimismo, señaló que la mayor preocupación es porque los Jueces de Paz y de Turno están en contacto directo con detenidos como los que infringieron el toque de queda
“Se están exponiendo mucho. Si bien el Organismo Judicial ha dotado de insumos, gel antibacterial, mascarillas o incluso a los jueces que van a los centros de privación de libertad les han dado el equipo completo, pero hemos tenido quejas que solo les llegan en una ocasión no han tenido en una segunda o tercera y como es descartable. Entonces, han tenido que comprar con sus recursos esos insumos. También hemos tenido casos y fallecimientos de jueces y auxiliares judiciales, es grave”, advirtió.
El juez también indicó que la Asociación critica la conformación del Comité de Emergencia de la institución porque no está integrado por expertos que recomienden las medidas adecuadas, ya que, solo está armado por las dependencias administrativas.
“No digamos que no tengan la buena voluntad de tomar medidas, pero en esta situación se requiere de personas expertas, por lo menos nosotros quisiéramos que estuvieran con un enlace con el Ministerio de Salud Pública o con la Coprecovid para que pudieran asesorarlos o darles unas recomendaciones y adaptarlas”, sostuvo.
Ruano indicó que por parte de su asociación no han solicitado ninguna ayuda financiera por la pandemia, porque sabe que los recursos de la institución son limitados.
“La presidenta del Organismo Judicial indicó a medios de comunicación que había riesgo de no pagar salarios a partir de septiembre, considero que no puede ser viable esa solicitud por la situación económica del Estado, atendiendo a la baja recaudación. Pero es parte de los derechos de las asociaciones de hacer estos requerimientos”, explicó.
Suspensión
La Corte Suprema de Justicia decidió el pasado miércoles 8 de julio suspender por seis semanas todas la labores en los órganos jurisdiccionales del país, luego de conocer un informe del equipo médico del Organismo Judicial.
El documento señala que de forma conjunta los médicos solicitaron a la institución considerar la proyección de casos del MSPAS, por lo que recomendaron la suspensión de labores para el mayor número de órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas por seis semanas con excepción de las sedes judiciales que se consideren esenciales.
El pasado 7 de julio, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) solicitó a la CSJ que inmediatamente se suspendan de forma total las actividades de los trabajadores de la institución con goce de salario por seis semanas, debido al ascenso de contagios confirmados entre el personal.
El sindicato además pidió “qué la suspensión total de labores incluya que ya se realicen turnos”, ya que, con respecto a dicha petición el OJ conforme transcurre los días ha reanudado las labores de forma escalonada en los órganos jurisdiccionales de todo el país.
“Que de manera total todos los juzgados, tribunales y salas y todas las dependencias administrativas sean cerrados mientras dura esta muy difícil etapa de contagios, y que se limpien y saniticen todas las instalaciones físicas de todos los edificios de manera periódica sostenible”, solicitó el STOJ.
“Esto irá en aumento. ¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas eficaces? Yo entiendo que el sistema de justicia es un servicio esencial para la población, pero ¿en estas condiciones que tan recomendable es que los jueces y los auxiliares judiciales estén prestando el servicios sino hay garantías para evitar el contagio?”, se cuestionó Ruano.
Con respecto a esta solicitud, la mora judicial en los juzgados y tribunales las agenda llegarían hasta 2024 como la del Tribunal C de Mayor Riesgo a cargo del juez Pablo Xitumul, que conoce expedientes de hasta 208 procesados.
Por lo que Ruano señaló que, como mecanismo para evitar este retardo en los procesos, el OJ podría implementar audiencias virtuales en todo el país. Aunque hasta el finales de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó que se realicen las audiencias de esta forma en ocho órganos del Ramo Penal. “Es un mecanismo que podría generalizarse y aplicarse en todos los procesos”, destacó.
El sistema de justicia público está conformado por 714 órganos jurisdiccionales –salas, juzgados y tribunales—a nivel nacional, pero el protocolo de audiencias virtuales es exclusivo para ocho judicaturas del ramo penal.
Ruano señaló que la pandemia de covid-19 debería ser una oportunidad para actualizar los procedimientos y emitir reglamentaciones adecuadas para continuar el servicio de justicia en el país, porque hoy puede ser este nuevo virus y en el futuro podría ser otra enfermedad o situación.
“Que se cuenten con las herramientas, las disposiciones y los procedimientos para continuar prestando el servicio en otras modalidades y no afectar los procesos, los derechos de garantía. Porque por un lado el Colegio de Abogados ha presionado y exigido que no se cierren los tribunales, pero también están en riesgo los funcionarios y empleados de la administración pública después ellos llegan a sus casas contagian a sus familias, podrían generar mayores contagios y colapsar el sistema de salud”, advirtió.
