La intención es que la solicitud sea resuelta con prontitud y que el beneficio que se aprobó para mitigar el impacto por la emergencia del covid-19 llegue a las personas que realmente lo necesitan, agregó.
María Isabel Salazar, viceministra de trabajo, dijo que la función esencial de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) es el cumplimiento de la ley en el ámbito de su competencia, es por ellos que han desarrollado verificaciones a través de procesos de inspección para establecer la veracidad de los datos en la solicitudes presentadas.
La funcionaria añadió que se fortalecerá dicho procedimiento de gestión a través de la declaración jurada notarial la cual deberá ser presentada por el empleador y cuyos datos podrán ser verificados oportunamente.
“Se hará la solicitud de una declaración jurada, pero ante notario con el objeto de poder verificar a posteriori que la información que se está entregando por parte de los empleadores es precisa, y de esta forma asegurarnos que la ayuda de este que el programa este llegando a las personas trabajadoras que más lo necesitan”, comentó el ministro.
La solicitud que actualmente se hace, por la plataforma electrónica suspensiones.gob.gt será la misma pero le deberá agregar la declaración jurada ahora debe ser notarial, respondió el ministerio por medio de la oficina de la oficina de comunicación social.
