La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó en definitiva a Consorcio Autopistas de Guatemala, S.A. y la Sociedad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que accionaron contra el Congreso de la República.
El fallo deja en suspenso punto 8 de la 78 sesión ordinaria del 29 de octubre de 2019 sobre el proyecto de decreto que dispone aprobar el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.
Aquel día, que cabe mencionar fue en la legislatura 2016-2020, 50 diputados votaron en contra, 32 a favor y 76 estuvieron ausentes.
La corte establece el Legislativo debe agendar nuevamente ese proyecto en la sesión inmediata siguiente discutir en tercer debate y si fuera el caso continuar por artículos y redacción final. También le fija un plazo de 15 días para cumplir con esa orden después de la ejecutoria de la sentencia a sabiendas de que podría imponerle una multa de Q2 mil a cada diputado más responsabilidades civiles y penales.
El tribunal se integró por los magistrados titulares Gloria Porras, José de Mata Vela, Dina Ochoa, Bonerge Mejía y el suplente José Mynor Par Usen.
Autopista en números
Se trataba de una alianza público-privada para rehabilitar 41 kilómetros de carretera, el cual fue adjudicado en julio de 2018 y en octubre de ese año pasó al Congreso para su aval, lo cual no ocurrió.
En este proyecto se espera generar mil 700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400 en la operación.
El dictamen establece que los vecinos sobre la vía solo paguen el 75% del peaje y que el Ministerio de Comunicaciones queda obligado a mantener en buenas condiciones la ruta alterna entre Masagua y Puerto San José.
