El desencadenante de esta reivindicación fue el secuestro de cuatro líderes de este grupo étnico afrodescendiente a manos de hombres, según testigos, vestidos con uniformes de policía.
BBC NEWS MUNDO
La desaparición en Honduras de 4 líderes garífunas hace más de 10 días a manos de hombres vestidos de policía que alarma al país
Tras la reciente repercusión mundial del movimiento Black Lives Matter ("las vidas negras importan"), un llamamiento alternativo cobró fuerza desde Honduras: "las vidas garífunas también importan".
Desde que fueron sacados por la fuerza de sus casas el pasado 18 de julio en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la costa norte hondureña, nada se sabe de estos activistas y defensores del territorio garífuna.
Su caso, sin embargo, no es para inédito en un área que fue reconocida por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2015 como tierras ancestrales propiedad del pueblo garífuna que habita en ellas desde hace siglos.
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Desde entonces, la conflictividad y los enfrentamientos no dejaron de aumentar por estos territorios a pie del mar Caribe, de gran interés turístico para pobladores y empresarios ajenos a la comunidad.
También se incrementaron los asesinatos y desapariciones de otros activistas garífunas, quienes denuncian su vulnerabilidad ante amenazas y persecución a falta de que las autoridades cumplan las sentencias de la Corte-IDH.
El gobierno, por su parte, reafirmó el martes en un comunicado “la plena voluntad y compromiso” del Estado de seguir ejecutando las acciones necesarias para su cumplimiento y calificó de “repudiables” los últimos hechos sufridos por el pueblo garífuna.
¿Qué se sabe del caso?
Los cuatro defensores del territorio ancestral garífuna fueron secuestrados en la comunidad de Triunfo de la Cruz en la madrugada del 18 de julio.
Según testigos, hombres armados que vestían chalecos con el logo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) los sacaron de sus casas.
Entre los desaparecidos se encuentra Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Una persona fue detenida el pasado miércoles por su presunta implicación en el caso. Según la policía hondureña, el arrestado forma parte de una estructura criminal.
Organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional o la propia Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Honduras urgieron a las autoridades a esclarecer lo sucedido e investigar hasta dar con el paradero de los secuestrados y sus raptores.
Entrevistada por BBC Mundo, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, asegura que este caso solo viene a confirmar el grado de conflictividad existente en la zona y la escasa protección con la que cuenta la población garífuna.
La activista subraya que los sábados, día en que sucedieron los hechos, tan solo las autoridades pueden transitar por la calle debido a la actual cuarentena por el covid-19.
Y también califica de “preocupante” detalles de la investigación como que días después se encontrara una bolsa con armas, además de los documentos de dos de los cuatro garífunas secuestrados.
“Si los sacaron casi en calzoncillos mientras dormían, a la fuerza, ¿cómo es que aparece su pasaporte y otras cosas a varios kilómetros de la comunidad? ¿Quién agarra su pasaporte? Nos parece sumamente sospechoso”, declara Miranda.
Asimismo, denuncia la presencia de “carros sin placas” en la comunidad días después del suceso, que en su opinión no pretenden más que “generar miedo y terror“. “Para que no sigamos reclamando que nos entreguen a los cuatro sanos y salvos”, agrega.
Medidas de protección
En ocasiones, Miranda habla de sus compañeros garífunas en pasado, pero se corrige de manera inmediata ante la esperanza de que regresen con vida.
“Sneider era… no quiero decir ‘era’, ‘es‘ el primer presidente joven del patronato, y ha hecho un fuerte trabajo para respetar la posesión ancestral ante gente que había ido a deforestar zonas protegidas y manglares”, asegura.
Por su fuerte activismo y exposición pública, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras exploró la posibilidad de otorgarle medidas de protección especial.
“Iniciamos el proceso, pero nunca dio su venia para que siguiéramos adelante ni tuvimos respuesta de él. Algunos miembros deciden no someterse al proceso alegando que no se ha cumplido la sentencia de la Corte-IDH”, le dice a BBC Mundo Danilo Morales, director general del Sistema de Protección a Defensores de Derechos Humanos de la secretaría.
Miranda, sin embargo, critica la eficiencia de algunas de estas medidas a las que ella sí decidió acogerse.
“No es posible que un sistema de protección sea que un policía te va a visitar de vez en cuando, porque tú estás en riesgo permanente. El sistema no pasa de darte un carro blindado, en algunos casos, como si yo fuera a comer y dormir en el carro”, denuncia la activista que fue secuestrada en 2014.
Las sentencias de la Corte IDH
Las sentencias de la Corte-IDH de 2015 sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra fueron un punto crucial a la hora de definir la situación de los garífunas hondureños y sus territorios.
En ellas, se condenó al Estado hondureño a cumplir una veintena de puntos, entre ellos, a garantizar el derecho de esta población a la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y a devolverles en el plazo de dos años varios territorios ocupados por otras comunidades, hoteles de lujo y otras empresas.
Casi cinco años después, sin embargo, solo se ha materializado en seis de los puntos, tal y como reconoce el gobierno hondureño.
“Para darle cumplimiento y reconocer el derecho de los garífunas a sus tierras se necesita de diferentes actores del Estado. No ha sido fácil, ha habido avances pero hay desafíos aumentados por la conflictividad en la zona”, admite Jackeline Anchecta, viceministra de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos.
En conversación con BBC Mundo, destaca cómo se ha avanzado en el saneamiento de un 60-70% del saneamiento de Triunfo de la Cruz (“una de las prioridades” de los garífunas, asegura, antes de que se avance con otros puntos de las sentencias).
Pero alega que las hostilidades en la zona, que aumentaron considerablemente tras la decisión de la Corte-IDH, son uno de los principales obstáculos para avanzar en el plan de cumplimiento.
“Usted le va a quitar el terreno a terceros, les va a pagar por ello para dárselo a la comunidad. En Triunfo de la Cruz, por ejemplo, hay zonas hoteleras y las organizaciones garífunas denuncian hostigamiento de los actuales propietarios”, asegura.
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En la comunidad de Punta Piedra, dice, la situación es aún más compleja. “Para darles los terrenos a los garífunas hay que reubicar a todos los habitantes de la comunidad de Río Miel, gente que ha vivido ahí más de 25 años y también tienen sus títulos de propiedad”, explica.
“Eso representa un problema del Estado, no es justificación. El Estado tiene que ver cómo resuelve”, aclara.
Para Miranda, sin embargo, que el problema esté más que enquistado tantos años después de la sentencia denota “falta de voluntad” por parte del Estado.
“Hay mecanismos jurídicos que permiten las expropiaciones o buscar forma de resolver este tipo de conflictos. El Estado respeta más los intereses de gente de poder y de empresarios que están en los territorios”, dice.
“Cuando existe un Estado de derecho, una institucionalidad fortalecida, no es posible que venga otro grupo o sector a tomar las decisiones que le corresponden al gobierno. Eso es lo más lamentable”.
Más de dos siglos en Honduras
El pueblo garifuna llegó a Honduras a finales del siglo XVIII, cuando los británicos los deportaron desde la isla de San Vicente a la de Roatán.
La zona en la que viven desde entonces (la costa del Caribe hondureño y las islas de la Bahía) ha sido escenario de diversas polémicas por su interés estratégico para diferentes sectores.
Buena parte de las comunidades garífunas denunciaron que serían absorbidas al ser incluidas en el territorio previsto para la apertura de Zonas Especiales para el Desarrollo Económico o “ciudades modelo” planteadas por el gobierno.
También parte de la costa hondureña se convirtió en escenario de una producción masiva de palma africana, amenazando áreas protegidas y aumentando conflictos sociales con pobladores de la zona.
Su ubicación en el litoral también lo hacen de especial interés para el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que las organizaciones denuncian su temor a acabar cercados por plantaciones y pistas clandestinas para transportar droga que se traducirían en un amento de violencia para sus comunidades.
