El lunes pasado, el primer día después de un confinamiento de más de cuatro meses y de toques de queda que se alternaron desde nueve horas diarias hasta fines de semana completos, los guatemaltecos se aglomeraron en calles y áreas donde usualmente se concentran personas.
Las escenas de las calles cercanas al mercado La Terminal en la zona 4 sugerían que la pandemia ya había terminado cuando, paradójicamente, el país atraviesa por la etapa más crítica de la emergencia con cifras que superan los mil casos positivos al día y más de mil 800 muertos acumulados.
El análisis del Gobierno da cuenta que gran parte del país se encuentra en alerta roja, o por lo menos las áreas donde se concentra la mayoría de la población.
El sistema Semáforo —llamado así porque identificará el grado de emergencia de un municipio con los colores verde, amarillo, anaranjado y rojo— limita, pero no impide el desarrollo de casi todas las actividades económicas que hasta antes del lunes estaban prohibidas, por ejemplo, el funcionamiento de los centros comerciales y del transporte colectivo.
Responsabilidad
El hecho de que ya estamos por arribar al quinto mes de la llegada de la pandemia a Guatemala llevó al Gobierno a pensar que la experiencia acumulada en este tiempo será suficiente para cumplir con las medidas mínimas para evitar más contagios: lavado constante de manos, distanciamiento social y uso correcto de la mascarilla.
El martes pasado, la ministra de Salud, Amelia Flores, afirmó que “de aquí en adelante” la responsabilidad de no contagiarse es de los guatemaltecos, una tarea que se vislumbra difícil de cumplir en un país donde le 70 por ciento trabaja en la economía informal y en donde pareciera, no existe una plena conciencia del peligro que representa el virus.
Una encuesta de ProDatos elaborada a inicios de julio reveló que el 32 por ciento se cuidaba apenas “algo” o “nada” para evitar contagiarse.
Cambio de comportamiento
Los epidemiólogos consideran que la comunicación no ha sido efectiva y hace falta hacer llegar a la población un mensaje más comunitario, de ser posible con visitas domiciliares o a través de grupos focales, consejos comunitarios de desarrollo o únicos de barrio, en el caso de la capital, puesto que de no hacerlo inevitablemente se multiplicarán los contagios, los hospitales se saturarán más y habrá más muertes.
El mensaje debe ser capaz de cambiar el comportamiento de la población respecto a que todos deben estar conscientes de que para interrumpir la transmisión del virus es imprescindible el lavado constante de manos, el uso adecuado de a mascarilla y el distanciamiento, afirma el epidemiólogo Arturo Sánchez López.
“Si aún se ve que la población se aglomera y parrandea no es porque sea rebelde, sino porque el mensaje educativo no ha llegado”, asevera el médico, para quien las campañas a través de los medios de comunicación “se oyen, pero no se les pone atención” y a la gente “no le falta el conocimiento, pero sí le falta educación”.
Para el médico José Ortiz, director del Observatorio Sars cov-2, antes de liberar casi todas las actividades comerciales, el Gobierno debió haber tomado en cuenta aspectos culturales de los guatemaltecos puesto que “la responsabilidad —de enfrentar la enfermedad— no se da por decreto”.
La economía no permite que se generen los cambios de forma rápida, añade Ortiz, puesto que hay un alto porcentaje de informalidad y cambiar los hábitos puede ser un proceso de años, a menos que se impongan multas y se hagan supervisiones rígidas y constantes en lugares de frecuentes aglomeraciones, algo que se desconoce si el Ministerio cuenta con la capacidad logística de hacer.
Responsabilidad compartida
Sin embargo, si bien es cierto que la población tiene parte de la responsabilidad para evitar la propagación del coronavirus, los médicos señalan que el Gobierno también tiene mucho que poner de su parte para evitar que, a raíz de las nuevas medidas, la pandemia se salga de control y ocurra una catástrofe sanitaria.
La principal demanda es el acceso a pruebas suficientes, no solo de antígeno, sino PCR, para que sean distribuidas en todo el país puesto que, hasta la fecha, el mayor porcentaje de positividad está en Guatemala y los municipios cercanos porque en esos lugares es donde se han efectuado más de estas pruebas.
Aunque el objetivo de Salud es llegar en estos días a cinco mil diarias, Ortiz cree que ese número ya está atrasado por la dimensión que ha alcanzado la pandemia. El número, agrega, debería llegar a 18 mil para poder testear a todo el país y a la vez esto daría como resultado mayor objetividad al momento de cambiar de color de semáforo a un municipio.
Otro aspecto que cuestionan los epidemiólogos es la falta de equipamiento en hospitales, puesto que afirman que más de cuatro meses y medio después de iniciada la emergencia en Guatemala es tiempo suficiente para prepararse, sobre todo a sabiendas que inexorablemente la economía debía empezar a abrirse.
“Se supone que hay dinero, pero tristemente no es ejecutado”, acotó el médico.
“Vemos un país que estaba en confinamiento y ahora está en actividad, una apertura casi total, con muchas aglomeraciones en todos lugares y eso va a traer un repunte de casos y lo que el gobierno cree que ha ganado lo va a perder”, advirtió Ortiz.
Para José Carlos Monzón, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Rafal Landívar, la responsabilidad de que la pandemia no empeore es compartida entre la población y el Gobierno.
“Esta situación nos supera a todos como personas, gobierno y sector académico. No podemos esperar que alguien lo resuelve todo, ni alguien puede esperar que nosotros lo resolvamos al 100%”, asegura Monzón.
En la medida que podamos contribuir con el sistema de Salud van a ver muchos beneficios, sobre todo en poner en práctica las tres medidas claves, concluye.
Análisis
Según el antropólogo egresado de la Universidad de San Carlos, Ricardo Sáenz de Tejada, la reacción de los guatemaltecos que se volcaron a las calles desde el primer día que se suavizaron las medidas de restricción obedece a la combinación de tres factores: las condiciones laborales de la mayoría de la población, la información confusa que ha emanado del gobierno desde inicios de la pandemia y la capacidad de respuesta del Estado.
Al explicar estos tres factores Sáenz de Tejada cita que entre el 70 y 80 por ciento se desempeña en la informalidad y la persona tiene que decidir entre poner en riesgo su salud o llevar el sustento a su familia.
En cuanto a la información, señala que el Gobierno ha dado mensajes erráticos como el que ofreció hace unas semanas el presidente Alejandro Giammattei de que cerraría por completo el país si los casos positivos llegaban a 500 diarios; sin embargo, ahora que hay entre mil y mil 600 decide abrir.
Finalmente, el antropólogo considera que el Estado no ha respondido adecuadamente a lo que la emergencia requiere.
Por ejemplo, entregó mascarillas en los mercados solo en los primeros días de la pandemia y que en cuatro meses de confinamiento el Bono Familia apenas ha entregado Q1 mil a las familias más necesitadas. Por último, añade, ahora que se pretende retomar la normalidad las autoridades “no se ocuparon de prever qué pasaría con el sistema de transporte”.
En parte, el comportamiento de los guatemaltecos es producto del mal manejo que autoridades han hecho de la crisis, pero también a las condiciones de alta desigualdad que hay en Guatemala, concluye Sáenz de Tejada.
En cuanto a si el miedo al coronavirus no ha sido capaz de cambiar el comportamiento de la sociedad, explica que el temor “existe, pero el problema es que en condiciones precarias pesa más la necesidad de alimentación “sobre todo después de cuatro meses de confinamiento y del fracaso de las políticas sociales”.
