Entre estas resalta la toma de temperatura, mantener alcohol en gel disponible para la limpieza de manos, el uso obligatorio de mascarillas, y quizás, el más importante, respetar el distanciamiento social. Los consejos no son muchos pero hace necesario que el propio gobierno ayude en la vigilancia de su cumplimiento para evitar que la reanudación de actividades tenga consecuencias negativas para la salud.
Este fin de semana, el primero con algunas libertades desde que la pandemia llegó a nuestro país, en marzo pasado, motivó a que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) desarrollará algunos procesos de verificación en centros comerciales, donde tenían pensado sería un punto de posible asistencia masivo, pero afortunadamente para la institución su pronóstico no fue acertado.
Silvia Escobar, titular de la Diaco, explicó que hubo poca afluencia de personas a los centros comerciales pero sí observaron algunos locales, que según las disposiciones del sistema de alertas, no tendrían que estar abiertos.
“Hemos implementado una serie de verificaciones a raíz de las disposiciones presidenciales y directamente por el tema de los semáforos entonces por este motivo se están realizando verificaciones a diferentes comercios y el pasado domingo pudimos ver el tema de algunos restaurantes, en el semáforo aparecía que este tipo de comercios no podían estar funcionando e hicimos un llamado y se nos informó que como eran comida rápida y para llevar por eso ellos tenían esa apertura”, explicó la directora.
A pesar de esa respuesta emitieron algunos oficios e hicieron una consulta al ministerio de Salud, que están pendientes por recibir, para saber si los argumentos que dieron los encargados de estos locales se encuentran fundamentados.
Las inspecciones, además de la ciudad, también se desarrollan en el interior de la república con ayuda de delegados departamentales y los informes hasta ahora no presentan problemas, pero las vigilancias tendrán que seguir por tiempo indefinido, aseguró Escobar.
Falta más personal
El trabajo que tienen sobre los hombros las instituciones encargadas de las verificaciones es tal que a criterio del diputado Samuel Pérez, quien preside la comisión legislativa de Defensa del Consumidor y el Usuario, no se podrán dar abasto. El parlamentario señaló que la atención también debe de tomar en cuenta a los empleados de los diferentes comercios.
“Aquí se combina una mala estrategia de reapertura abrupta sin tener criterios técnicos definidos, sin tener en cuenta la debilidad institucional del Estado en verificaciones e inspecciones de este tipo porque hay que garantizar la protección de las personas en tres sentidos, las personas trabajadoras que requieren alta afluencia de personas, por ejemplo inspecciones de trabajo, la Diaco para la protección de los consumidores y por último el ministerio de Salud para ver los protocolos sanitarios”, refirió.
Pero a pesar que se tenga claro que institución debe de vigilar cada aspecto de la reapertura la poca cantidad de personal especializado ya representa un obstáculo, “El problema es que ni la Diaco, ni los ministerio de Trabajo y de Salud tienen las capacidades y recursos suficientes para hacer eso, por eso la estrategia debía de ver bajo qué momento abrir, con qué condiciones ya con los protocolos establecidos garantizando que el Estado pudiera hacer las verificaciones para garantizar la salud de las personas pero no fue así”, puntualizó.
A pesar de esto el ministerio de Salud afirma que puede cumplir con todos los procesos de vigilancia porque se apoya de otras instituciones de gobierno, para que en conjunto se vigile que todas las disposiciones recomendadas por la cartera salubrista y la Coprecovid se respeten.
“Los inspectores de saneamiento ambiental han verificado precisamente saneamiento en los comercios. Esto será un abordaje intersectorial desde el ámbito de sus competencias con municipalidades, PNC, ministerio de Trabajo y los inspectores de saneamiento de acuerdo a la capacidad instalada que tenga cada área de salud a nivel nacional”, informó el departamento de comunicación de Salud.
A su vez explicaron que también se han hecho inspecciones en sectores industriales de Sacatepéquez y que reciben el apoyo de la Dirección General de Transporte (DGT) para vigilar los protocolos sanitarios en las unidades de transporte público.
Sin vigilancia no hay salud
A pesar que existan inspectores dentro del ministerio de Salud y el apoyo de otras instituciones se requiere de mayor preparación para los procesos de vigilancia durante la reapertura, de lo contrario, podría existir un efecto negativo en la salud y un repunte en las enfermedades.
Adrián Chávez, analista enfocado en temas de salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) explicó que la vigilancia es primordial, “se podría generar el riesgo que con la apertura se tengan condiciones donde se está vulnerando la salud de la población”, indicó.
La inspección, a criterio de Chávez, siempre ha presentado deficiencias cuando se habla de vigilancia a negocios, “siempre se ha dejado rezagado y eso evidentemente a conveniencia de los comercios y hay una prioridad institucional por generar una provisión de servicios pero hay que recordar que evidentemente cualquier país como el nuestro, que asume la salud como un derecho, no solo tiene la necesidad de proveer servicios sino también respetar y hacer que se respete el derecho a la salud y eso lo debería de hacer el Estado”, puntualizó.
Los problemas para las verificaciones sanitarias no son nuevos, pero en esta etapa de la reapertura económica podría ser clave afinar la estrategia de vigilancia para marcar una diferencia significativamente que permita garantizar la seguridad en cada una de las actividades laborales que intentan regresar.
