Una misión médica le realizó la prueba al exmandatario esta mañana en la finca “El Ubérrimo”, situado en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir el virus y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.
La orden de detención domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es apenas el comienzo de una larga travesía por el desierto en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El alto tribunal determinó ayer que el exmandatario y senador será privado de su libertad porque, al hacer un “riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal”, encontró “posibles riesgos de obstrucción de la Justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que lo involucran.
La decisión de la Corte Suprema ha causado una enorme controversia en el país, donde la figura de Uribe es venerada por sus seguidores y cuestionada con severidad por sus opositores, uno de ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte en este proceso que aunque menos grave que los muchos otros abiertos contra el expresidente es el que ha llevado más lejos a la Justicia.
El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
